Por Jorge Manco Zaconetti
Una salida: regístrese y archívese
Se ha demostrado en múltiples eventos políticos y académicos, sea en el Foro de Soberanía Energética que preside el congresista Dammert, en la Coalición de Sindicatos de PetroPerú, en los Organismos No Gubernamentales ambientalistas (ONGs), Frentes de Defensa en el norte y sur del país, con la participación de alcaldes, diversos medios de comunicación que el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos constituye un atentado contra el interés público en materia fiscal, y ambiental.
Por ello, el dictamen que justifica dicho proyecto de ley debe mandarse al archivo o en su defecto debiera retornar a las diversas comisiones del Congreso de la República, para solicitar opinión de Economía y Finanzas, Pueblos Andinos y Ambiente, pues resulta evidente que carece del necesario sustento técnico.
Al margen del evidente rentismo que constituye renovar los contratos por los lotes de hidrocarburos próximos a su fecha de vencimiento por 30 años más. Por medio de dicho proceso se enajenan las reservas probadas de crudo que tienen un valor económico potencial superior a los 15 mil millones de dólares, y que debieran licitarse en un proceso transparente y público.
Es tan clamaroso el apuro por la aprobación del nuevo proyecto de hidrocarburos en el Congreso de la República, que las fuerzas oscuras del fujimorismo y sus aliados han pretendido aprobar el proyecto de ley en la Comisión Permanente de julio pasado, cuando existen más evidencias de su fragilidad e inconstencia técnica, por no decir su manifiesto entregismo.
Tan critica es la realidad del referido Dictamen que sustenta la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) aprobado sin mayor discusión en la Comisión de Energía y Minas, que los propios voceros del gobierno como es el caso del Ministerio del Ambiente que están advirtiendo que de aprobarse dicho proyecto resultaría violatorio del ordenamiento ambiental, restándole facultades al MINAM principal responsable de la política ambiental.
Así, el Ministerio de Ambiente sostiene que en el referido proyecto con su dictamen respectivo elaborado por la Comisión de Energía y Minas con fecha del 20 de junio del 2018, “.. se han efectuado modificaciones sustanciales al Proyecto de Ley de promoción de la industria de hidrocarburos emitido por el Poder Ejecutivo, respecto de los cuales no se ha solicitado opinión formal al Ministerio del Ambiente, pese a abordar asuntos que se enmarcan en la competencia de este sector.” (Informe
Nº737-2018 Minam)
Central: El entregismo
En el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas incluso se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.
En verdad, una nueva ley de hidrocarburos debiera tener como punto de partida un análisis económico, productivo y financiero del sector entre 1993 a la fecha, lo más objetivo posible, pues la evidencia nos demostraría la cruda realidad: el fracaso de los objetivos que justificaron la privatización de PetroPerú, el aumento de la producción y de las reservas probadas.
Una nueva ley de hidrocarburos debiera analizar el potencial gasífero que tiene el país y la debilidad en la masificacion de gas natural que resulta siendo el energético que tenemos en relativa abundancia. Sin los recursos de Camisea la realidad del sector sería dramática y más grave que la vigente en Chile.
El fracaso de la política en el sector de hidrocarburos con la ley vigente sería más notoria sino fuera por las reservas de gas natural de Camisea lote 88, lote 56 y lote 58 que representan más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios que se extraen y un promedio de 90 mil barriles diarios de líquidos de gas natural, de los cuales el 50 % se transforma en gas licuado de petróleo (GLP), un 10% se convierte en diesel limpio y un 40% resulta una nafta que se exporta como insumo básico en la petroquímica en terceros países.
Si se tiene presente que las reservas de Camisea fueron descubiertas en 1984 en las postrimerías del II gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, y recién se explotan comercialmente a partir de mediados del 2004, con un ducto de gas natural que llega a Lima desde la Planta de Malvinas, donde la mayor participación se concentra en su consumo eléctrico que representa el 75% de la demanda, industrial (18%), y donde la demanda de 500 mil familias no representa más del 1%.
Sin un balance crítico de la débil masificación del gas natural en relación a Bolivia y Colombia que tiene menores reservas de gas natural en relación a nuestro país. Sin un análisis serio sobre la falta de inversiones de riesgo que se estima por medio del número de pozos exploratorios en
especial en el período de bonanza petrolera, cuando el precio internacional se mantuvo sobre los 100 dólares el barril.
Mientras Colombia perfora un promedio de 60 pozos exploratorios por año, en nuestro país como promedio no superamos el número de 6 por año, a pesar de una parecida geología, y los serios problemas de violencia en el país de la cumbia. Es decir, con guerrillas, narcotráfico, violencia institucionalizada en Colombia las empresas petroleras asumen riesgos, aquí parasitan y pretenden volver a las antiguas concesiones como en la época de la IPC.
