Prisiones privadas, hacia un Estado penal
Por Jorge Planelló (*)
Microsoft, Starbucks y Colgate, son algunas de las empresas que se han beneficiado de la mano de obra barata que proporcionan las cárceles privadas en EEUU. Además de reducir el coste por recluso y aliviar la sobrepoblación de las cárceles públicas, uno de los grandes alicientes de las prisiones privadas es que ofrecen mano de obra barata.
Este sistema crece en EEUU por la obsesión del Gobierno en la seguridad. También Alemania y Francia se han embarcado en la gestión mixta de algunos centros penitenciarios desde hace dos años.
Todo ello en el marco de un Estado penal que, como explica el periodista Josep Ramoneda, “ha descubierto en la seguridad la legitimación perdida, al dejar de cumplir la demanda de los ciudadanos como Estado social”. Frente al mayor bienestar demandado por la sociedad emerge un negocio que busca sacar partido de la inseguridad creada.
Las prisiones, con todas sus celdas completas, obtendrán grandes beneficios, igual que otras empresas de seguridad privada se han visto favorecidas por las guerras de Iraq y de Afganistán.
El beneficio aportado por esta extraordinaria fuerza laboral ha favorecido el endurecimiento de las condenas. La cárcel se ha convertido en un desenlace cada vez más habitual, como si la paz social se pudiese medir por el número de presos. En EEUU hay más de dos millones de presos, siete millones si se incluyen los que tienen libertad condicionada y se espera que la población reclusa siga aumentando. En 1971 sólo había 200.000 presos. Un fenómeno en el que destaca el incremento de las condenas de prisión para delincuentes no violentos procesados por traficar con cantidades pequeñas de droga.
Los presos no convocan huelgas y reciben unos salarios que se cuentan por centavos de dólar a la hora. Esto, unido a la exención de impuestos, han atraído en masa a inversores y empresarios. Corrections Corporation of America (CCA), la primera compañía mundial en el sector, ha conseguido duplicar su valor en Wall Street en los dos últimos años y su previsión para los próximos es halagüeña a la vista del aumento de condenas.
CCA vende su atractivo a posibles empresas colaboradoras en su página web en el marco de una industria que “no se verá impactada significativamente por los ciclos económicos”. Su negocio viene garantizado, igual que sucede con otras compañías de seguridad o algunas farmacéuticas, a través de donaciones al partido gubernamental para obtener una política “favorable”.
De momento, la compañía ya tiene miles de celdas preparadas para sacar partido de la persecución de inmigrantes sin papeles, de donde espera sacar un gran beneficio en los próximos años. El muro de más de 1.100 kilómetros con la frontera de México poco podrá hacer para frenar este fenómeno. La masiva llegada de inmigrantes sin papeles no se debe a las facilidades del terreno ni a la insuficiente infraestructura de defensa sino a una necesidad.
El término utilizado para referirse al sistema de prisiones en EEUU, “complejo carcelario industrial”, habla por sí mismo de la masificación y de las violaciones de los derechos humanos que se producen, denunciadas por varias organizaciones no gubernamentales.
Nada ilustra mejor la gestión de las cárceles que la decisión del anterior presidente, Bill Clinton, de recortar la asistencia social a 70.000 presos con el fin de ahorrar 2.500 millones de dólares que dijo sólo irían a parar a quienes “trabajasen duro, siguiesen las reglas, y pudiesen recibirlos por ley”.
(*) Periodista
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