El senado de Uruguay aprobó una ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, norma que todavía requiere ser aprobada por el presidente José Mujica.
La iniciativa fue promovida por el Partido Nacional, que anuncia la realización de una consulta popular si el Presidente rechaza la ley.
Según lo aprobado, las mujeres que quieran asesinar a sus fetos tendrán que acudir a un médico que las remitirá a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.
La mujer tendrá un plazo de cinco días para reflexionar y podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro de salud. Si un aborto se realiza sin ajuste a la norma será considerado ilegal.
El aborto no será penalizado si la mujer cumple con los requisitos establecidos, en casos de existir riesgos de salud para la madre, y mientras el procedimiento se realice en centros de salud y bajo supervisión de las autoridades.
Los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen, según la norma.
A las instituciones que por su “ideario” se opongan al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, no se las obligará a realizar los procedimientos, pero sí deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.
Anualmente en Uruguay se producen alrededor de 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales. La nueva ley deja sin efecto la legislación de 1938 que penaliza entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que aborte y hasta dos años de cárcel para quien lo practique.
Hasta ahora el único país que penaliza el aborto en América Latina es Cuba. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o cuando la mujer fue víctima de una violación.
