El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó la ley que despenaliza el aborto, la cual había sido aprobada por el Parlamento de su país, que viene a ser el primer país suramericano con una despenalización amplia del aborto, que hasta ahora sólo existe en Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México.
La denominada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Parlamento el pasado 17 de octubre, permite el aborto hasta la semana 12 de gestación, por decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
Con la norma, ya no serán denunciadas las mujeres que practiquen el aborto, con supervisión del Estado, que obliga a acudir a una consulta médica para explicar las circunstancias en que ocurrió la concepción, considerándose situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etáreas, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo.
Tras el informe de la mujer, el médico ventilará el caso ante un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales, quienes informarán a la mujer sobre "los riesgos inherentes" al aborto y las alternativas a esa decisión, tales como "programas disponibles de apoyo social y económico", o "la posibilidad de dar su hijo en adopción".
Una vez sostenida la reunión con el equipo, la mujer tendrá un plazo de cinco días de reflexión para decidir si asesina a su feto, lo cual podrá ejecutar en cualquier centro público o privado de salud del país, donde estarán obligados a practicarla o, en su defecto, garantizar que ésta se haga por terceros, en casos de objeción de conciencia.
Si los abortos se perpetran fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados desde la fecha de promulgación del respectivo reglamento.
