Miguel Ángel Rodríguez MacKay
En lo que va del juicio incoado por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia en abril de 2013 solicitando al órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas que Santiago quede obligado a negociar una salida soberana al mar para La Paz, el presidente Evo Morales, su canciller David Choquehuanca y en general la diplomacia paceña no cesan en adoptar actitudes políticas que solo pueden leerse como extrajurídicas, es decir, con escasa o nula significación hermenéutica en la contienda que mantienen ambos países en La Haya.
Creo que Bolivia debería medir el impacto de su conducta a la luz de un juicio internacional que el mismo país ha promovido.
La Corte es muy celosa con la conducta internacional de las partes durante el litigio y está atenta para que nada lo perturbe pues el proceso en esta etapa es estrictamente reservado. La visión de Bolivia es tan maximalista como la chilena.
Ambos creen tener la razón. Pero ni Bolivia ni Chile obtendrán un fallo a su favor según cuánto de lobby hagan por sus causas. No. Mientras a Bolivia debería preocuparle si Chile presentará o no excepciones preliminares antes del 15 de julio en que vence el plazo para este recurso, a Chile lo inquieta sopesar si es conveniente o no presentar la excepción de incompetencia de la Corte como la de inadmisibilidad de la demanda pues si la Corte le da la razón se habrá acabado el juicio, pero si Santiago no presenta nada, entonces, el proceso seguirá su marcha conforme el Estatuto y Reglamento de la Corte.
Hay, entonces, cosas más importantes para ambos países que un reloj boliviano provocador repartido durante el G77 en Santa Cruz y una nota de protesta remitida al gobierno de La Paz, que también es política.
Correo, 30.06.2014
