La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desautorizó hoy al Parlamento venezolano para ejercer sus funciones mediante una sentencia que fue calificada de “basura” por Jorge Borges, titular de la Asamblea Nacional (AN), a la cual declaró en desacato.
Julio Borges rompiendo la sentencia que calificó de "basura"
En consecuencias, la sentencia invalida las decisiones de la Ana y será la Sala Constitucional la encargada de ejercer las competencias parlamentarias o designar el órgano que disponga "para velar por el Estado de derecho.
Borges denunció que se trata de un "golpe de Estado". La oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, ha celebrado las sesiones desde enero a pesar de haber desconocido los mandatos del máximo tribunal, por lo que el chavismo se abstiene de participar en esas deliberaciones.
Desacato
En 2016, el Poder Legislativo desacató la sentencia del TSJ que impedía la juramentación de tres candidatos a diputados del estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por presunto fraude. El tribunal dispuso dejar sin efecto su designación hasta que terminaran las investigaciones.
La directiva, a cargo del ahora candidato presidencial de la oposición, Henry Ramos Allup, se negó a cumplir dicha sentencia e incorporó a los cuestionados candidatos. A ello, el TSJ exigió al Parlamento la desincorporación de los tres ciudadanos, pero el Parlamento hizo caso omiso.
La Constitución venezolana, en su artículo 336, faculta a la Sala Constitucional a resolver cualquier diferencia que exista entre los Poderes Públicos.
Así las cosas, las decisiones de la AN no tienen validez por el desacato, pero la oposición ha continuado legislando, agudizando así el enfrentamiento con el gobierno.
El presidente Nicolás Maduro denunció que la derecha parlamentaria había cometido una "traición a la patria" por aprobar un documento "pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA (Organización de los Estados Americanos".
La sentencia del TSJ respondió a un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).
