Francisco Bravo Atias
 
Durante un encuentro realizado en 2016 entre el presidente de Chile, Sebastián Piñera,  y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, un periodista les preguntó cuál era su postura sobre los paraísos fiscales.
 
 

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"Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral, como el lavado de dinero u ocultamiento de dinero que proviene del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se usan para evadir impuestos", señaló el chileno en aquella oportunidad.
 
Cinco años después de esas declaraciones, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) conocida como "Pandora Papers" reveló que Piñera, Lasso y una larga lista de líderes mundiales supuestamente usaron paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en sus respectivos países.
 
La publicación detalló que, en 2010, las empresas que manejaban el patrimonio del presidente Piñera vendieron el millonario proyecto minero Dominga a Carlos Délano, un importante empresario nacional y su mejor amigo. La transacción se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que debido a su baja tributación se considera un paraíso fiscal.
 
Aunque el mandatario no niega que la operación se realizó en un paraíso fiscal, aseguró que él no tuvo conocimiento ni información sobre la transacción, explicando que al asumir como presidente entregó el manejo de sus compañías a empresas externas a través de fideicomisos ciegos. Además, señaló que los tribunales de Justicia investigaron esta situación en 2017 y no encontraron ningún delito.
 
A solo cinco meses de que termine su mandato, los paraísos fiscales abrieron un nuevo flanco para el mandatario chileno, cuya aprobación ciudadana (22 por ciento, según la última encuesta de la compañía Cadem) venía en alza en el último tiempo, tras haber caído a un histórico 6 por ciento durante las protestas del estallido social de octubre de 2019.
 
¿SABÍA O NO SABÍA?
 
Minera Dominga es un mega proyecto portuario y minero que hace años busca emplazarse en la ciudad de La Higuera, en la región de Coquimbo (norte). Está valorado en 2.500 millones de dólares y pretende extraer 150.000 toneladas de concentrado de cobre y 12 millones de concentrado de hierro en 26 años.
 
La idea contempla construir una mina en la cordillera de Los Andes, carreteras hasta la costa y un puerto para exportar inmediatamente el material extraído. Un negocio que parecía redondo, pero que ha encontrado diversas trabas debido a las protestas de organizaciones ambientales. Estas acusan que el proyecto destruirá un ecosistema único en el mundo, donde habitan pingüinos de Humboldt, chungungos, petreles buceadores, yuncos y otras especies endémicas.
 
Piñera y su familia eran propietarios de este proyecto y lo manejaban hasta el año 2010, cuando el entonces empresario fue electo presidente por primera vez (2010-2014) y entregó en fideicomiso ciego sus empresas, para evitar eventuales conflictos de interés. En ese entonces, Piñera aseguró que no preguntaría ni buscaría información sobre los movimientos que realizarían las empresas externas de su patrimonio, valuado en 2,8 millones de dólares.
 
En 2010, estas empresas vendieron Dominga a Délano por 152 millones de dólares, y este fin de semana Pandora Papers reveló no solo que la venta fue hecha en un paraíso fiscal, sino además que los cuatro hijos del mandatario, vinculados a sus empresas, firmaron la transacción.
 
El hecho de que Délano y Piñera se conozcan hace 50 años y que sus propios hijos hayan participado del negocio hace a muchos dudar si realmente el mandatario no supo nada sobre el tema.
 
TRES ANTECEDENTES
 
A pesar de que Piñera efectivamente fue investigado y declarado inocente, existen tres situaciones que aún generan incertidumbre. La primera fue revelada por el reportaje y es una de las más complejas para el mandamás.
 
Délano puso una condición para comprar la mina. El terreno donde se emplaza el proyecto no debe ser declarado reserva natural, una decisión que depende directamente del Gobierno de Chile. Hasta la fecha, aunque muchos grupos ambientalistas lo han solicitado, Piñera no ha declarado la zona como reserva.
 
Lo segundo es que en 2010, durante su primer mandato, Piñera llamó por teléfono a los dueños de la empresa energética franco-belga Suez y les pidió específicamente que no construyeran Barrancones, una central termoeléctrica que venían planeando hace años. Lo que en ese momento se vio como una gestión ambientalista del presidente, hoy se analiza con otros ojos, pues ese proyecto se emplazaba justo donde pretende construirse Dominga, en La Higuera.
 
Por último, varios parlamentarios de oposición volvieron a cuestionar la decisión del Ejecutivo de no firmar el tratado ambiental Acuerdo de Escazú, que busca proteger el ambiente, a pesar de que Chile participó activamente durante las negociaciones internacionales, y aseguran que Dominga puede estar relacionado a aquello.
 
Tras la polémica, distintos líderes de oposición adelantaron la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar los hechos y no descartaron iniciar una acusación constitucional contra el mandatario, que de concretarse, buscaría destituir a la máxima autoridad. 
 
 
Con información de Sputnik