Jennifer Hennebert Dalton
"Estamos violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, y me desespera", fue la dramática frase del propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una interpelación el mes pasado en el Parlamento, que desató nuevamente la alarma sobre la situación de un sistema penitenciario hacinado y violento.
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En el llamado a sala, la oposición de izquierda (Frente Amplio) reclamó respuestas por la fuga de un recluso narcotraficante de la Unidad 4 de penal de Santiago Vázquez, a unos 20 kilómetros de Montevideo, el sábado 14 de agosto, y un caso de secuestro, extorsión y tortura de un preso por parte de otros encarcelados, en el establecimiento de reclusión militar número 1, conocido como Penal de Libertad, a 60 kilómetros de la capital, encontrado el 18 de septiembre.
"Parece que en algunos módulos los presos tomaron el control", lanzó el senador frenteamplista Charles Carrera al referirse al tiempo que permaneció la víctima en doble cautiverio y quien debió ser hospitalizada por laceraciones en el cuerpo, presentar desnutrición y estar traumatizado.
"Uruguay tiene un sistema penitenciario explosivo y gigante", dijeron a la Agencia Sputnik fuentes del Comisionado Parlamentario Penitenciario, órgano que asesora al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de las normativas sobre las personas privadas de libertad.
En las 26 unidades carcelarias en todo el país conviven realidades diferentes y hasta contrapuestas.
"Hay centros donde el reclamo central es tan elemental como acceder al patio alguna vez por semana con otros donde se puede estudiar y trabajar o realizar una actividad cultural", sostiene el informe 2020 del Comisionado sobre la situación del sistema y con propuestas de medidas alternativas.
Por eso la no existencia de un modelo uniforme, sólido e integral, aplicado a todas las unidades y con la misma lógica de derechos humanos, genera incertidumbre en todos los operadores del sistema, agrega el trabajo.
Las cifras que se dan a conocer hablan por sí solas: hacinamiento por superpoblación, carencias edilicias y falta de actividad de los presos constituyen un caldo de cultivo explosivo.
En junio pasado, Uruguay, con una población de 3,4 millones, alcanzó el máximo histórico de 13.711 reclusos, siendo el segundo país de América Latina, detrás de Brasil, con mayor número de personas privadas de libertad por habitante.
"Sigue siendo impactante que Uruguay ocupe el puesto 15 a nivel mundial entre 222 países en cantidad de presos (por habitante)", con 388 presos por cada 100.000", explicó a la Agencia Sputnik el titular del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.
En tanto, alertó que si el país sigue la tendencia actual, para el año 2024, el sistema terminará albergando a 20.000 personas.
El informe del Comisionado advierte que la población carcelaria crece a un ritmo de 12 por ciento anual y muestra graves indicadores de violencia, en algunos casos evidente como los homicidios y lesiones graves, y en otros menos detectables, como las amenazas y extorsiones entre internos o a sus familiares.
En lo que va de este siglo, precisa el trabajo, "la población penitenciaria se triplicó, pasando de 4.369 en 2000 a 13.711 en 2021", batiendo cada año récords históricos.
Y añade el texto: "Es algo insólito que en un país demográficamente estable, lo que permite una enorme previsibilidad para la gran mayoría de las políticas sociales, exista esta explosiva demografía, que no es acompañada por un crecimiento proporcional de recursos y tecnología de intervención social".
HACINAMIENTO Y VIOLENCIA
En abril de 2020, el Ministerio del Interior realizó una revisión a la baja de la capacidad de los penales, por "consecuencia del vandalismo", y la situó en 10.241 plazas disponibles, por lo cual hay actualmente un faltante de al menos 1.860 camas en el sistema carcelario.
El hacinamiento crítico, esto es, cuando la densidad es mayor a 120 por ciento, se alcanzó en junio de 2020 y siguió aumentando hasta llegar a 127 por ciento en diciembre, explica el informe del Comisionado.
La densidad continuó este año y al 30 de junio de 2021 la superpoblación trepó al 134 por ciento.
Para el órgano asesor, el principal problema hoy es que la vida en prisión "está muy lejos de la normalidad, lo que no hace otra cosa que aumentar índices de desintegración social y la reincidencia por la imposibilidad de inserción social positiva".
Hay una relación directa entre el nivel de actividades socioeducativas y el nivel de violencia: a más actividades, menos violencia, sostiene el estudio y viceversa: los centros que registran más incidentes, heridos y muertos son lo que menos actividades productivas o socioeducativas tienen.
En el 2020 se registraron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 17 fueron homicidios, 17 suicidios, un accidente cuya causa no ha sido aclarada y 13 muertes en las que no se encontraron causas violentas, vinculadas a patologías o enfermedades, aunque en algunas de ellas no se logró determinar la causa con claridad.
"Hubo entonces 35 muertes bajo custodia ocurridas por causas violentas en 2020, siendo la cifra más alta de muertes con violencia bajo custodia en un año desde que se tiene registro", dice el informe.
Además, el año pasado también batió el récord de casos de suicidios, con 17 reos que se quitaron la vida, casi duplicando la cifra registrada en el 2019.
Uruguay tiene una alta tasa de suicidios que duplica el promedio mundial.
En este sentido, el planteo que surgió de la interpelación, instancia en la que se señalaron las dificultades que hay para la rehabilitación y las carencias que hay en el sistema, "indica que estamos en un momento de decisión en donde se pueden dar pasos en favor de consolidar el sistema penitenciario", concluyó Petit.
Con información de Sputnik
