A dos años del inicio del estallido social en Chile, proceso en que se registraron violaciones a los derechos humanos contra manifestantes, ningún alto mando de Carabineros (policía militarizada) ha sido procesado por la justicia, denunció este lunes Amnistía Internacional.
 
 

represion rochabus nov 2019

 

 
"Al cumplirse este lunes 18 de octubre el segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional presentó ante la Fiscalía de ese país un informe que hace foco en la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros por los crímenes cometidos durante las protestas, porque ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento", señaló el organismo a través de un comunicado.
 
Amnistía añade que, a pesar de que en 2019 pudieron demostrar la existencia de técnicas y medios instauradas al interior de Carabineros que posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza, solo han sido procesados funcionarios de cargos menores.
 
"Y lo que es aún más grave es que muchos de esos funcionarios siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas", agrega el texto.
 
La organización instó a la Fiscalía chilena a investigar sin demoras las responsabilidad de toda la línea de mando hasta el más alto nivel, asegurando que muchos de ellos no evitaron ni denunciaron los crímenes cometidos por los funcionarios e, incluso, algunos obstaculizaron de forma deliberada los casos judiciales.
 
El 18 de octubre de 2019 se registró una serie de manifestaciones, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que posteriormente dio inicio a masivas protestas ciudadanas en contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
 
La represión policial y de las Fuerzas Armadas dejó un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por la Organización de las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales.
 
De las 3.072 querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde 2019 hasta la fecha en casos de atropellos a los derechos humanos, la justicia solo ha decretado cuatro sentencias condenatorias.
 
El estallido generó también el inicio de un proceso constituyente que, a través de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, busca reemplazar la actual carta magna. 
 
 
Con información de Sputnik