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Nayib Bukele llega este 1 de junio a su segundo año como presidente de El Salvador, apuntalado por elevados índices de popularidad a lo interno, pero con señalamientos internacionales por su creciente concentración de poder.
Para conmemorarlo, el mandatario regresará al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el mismo que militarizó el 9 de febrero de 2020, en el episodio que para muchos marcó un punto de quiebre en su administración y activó alarmas de «autoritarismo».
El asunto no pasó a mayores, y como profetizó el propio Bukele aquella tarde dominical, las urnas acabaron dándole el control del Legislativo, con una mayoría oficialista que volvió prácticamente irrelevante la oposición.
En el ínterin irrumpió la pandemia de covid-19, que arreció los encontronazos entre los poderes del Estado y puso a prueba la capacidad del Ejecutivo para responder ante una emergencia sanitaria inesperada, amén de otros desafíos climáticos.
Mientras se intentaba contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, el país sufrió uno de sus más enconados «inviernos», como llaman acá a la época de lluvias, con abundantes tormentas, inundaciones, deslaves y muertes.
Pese a ciertas críticas desde la sociedad civil, la administración Bukele cosechó múltiples reconocimientos a su estrategia contra la pandemia, y la población lo premió dándole el voto en las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero pasado.
A todas estas, las estadísticas oficiales señalan una obvia reducción en los homicidios y un aumento en la percepción de seguridad, logros que el Gobierno achaca al plan de seguridad Control Territorial.
Sin embargo, existe preocupación por el repunte en las desapariciones, la falta de transparencia, y la reincidencia en prácticas criticadas a gestiones anteriores, como el nepotismo y la corrupción.
EL PODER DE LA IMAGEN
Bukele, millenial y publicista, conoce el poder de la imagen y sabe sacarle partido: su gestión ha estado signada por los simbolismos y el «performance», pero avaladas por iniciativas como la masiva entrega de ayudas financieras y de alimentos a la población.
Pero asumir dichas acciones endeudó al país a niveles sin precedentes, mientras el Gobierno negocia un acuerdo por 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que podría acarrear más impuestos y menos subsidios.
Para poner de relieve el asunto, el expresidente Mauricio Funes adquirió una deuda de 4.679,64 millones de dólares durante su lustro en el poder (2009-2014), y en apenas dos años Bukele ya va por 5.227 millones de dólares en préstamos.
Según los datos del Banco Central de Reserva, tal monto equivale al 90 por ciento del Producto Interno Bruto de El Salvador, o sea, casi todo el dinero que el país genere en un año sería para pagar deuda.
El Ejecutivo se escuda en lo atípico del contexto, marcado por la pandemia y la merma en la recaudación tributaria por la quiebra de negocios y caída del consumo.
TODO EL PODER
Cuando el oficialista partido Nuevas Ideas arrasó en las elecciones pasadas, se temió por el sistema de contrapesos democráticos en El Salvador, y en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024, el 1 de mayo, se sucedieron cambios drásticos.
De entrada, fueron destituidos los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que frenaron una serie de iniciativas gubernamentales durante los días más crudos de la pandemia, porque violaban la carta magna.
Los diputados de Nuevas Ideas, acompañados por la también oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional, también aprobaron ese día la destitución del fiscal general Raúl Melara, y así quedó desmontado el aparato judicial existente.
Este movimiento fue criticado desde el extranjero, y tensó a niveles sin precedentes las relaciones con Estados Unidos, crispadas desde la llegada al poder del demócrata Joe Biden. No obstante, Bukele recalcó que los cambios eran «irreversibles».
Además, el veloz acercamiento a China intranquilizó a Washington, y el Departamento de Estado nombró encargada de negocios a Jean Manes, quien fue embajadora en El Salvador entre 2016 y 2019, para tratar de reconciliar posiciones.
Por último, pero no menos significativo, los cuerpos de seguridad recuperan cada vez más el protagonismo en la escena política que les fue negado tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
Aparejado a ello, este Gobierno aún tiene como asignatura pendiente acompañar a colectivos históricamente marginados, como la comunidad LGTBI, y abrirse a un diálogo más fluido y constructivo con sus detractores y la prensa menos complaciente.
Con información de Sputnik
