Corrupción e imprescriptibilidad del delito
Por Alfredo Palacios Dongo
Casi como un ritual recurrente, desde hace más de 10 años —principalmente cuando han sucedido grandes escándalos de corrupción—, han sido presentados unos 40 proyectos de ley —8 durante este gobierno— referidos a la incorporación de la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado, con el fin que éstos no prescriban y evitar que la responsabilidad no se extinga como sucede en innumerables casos en nuestro país. Para concretar esta acción se requiere modificar el artículo 41° de la Constitución que actualmente solo duplica el plazo de prescripción por dichos delitos.
A pesar de que la imprescriptibilidad de dichos delitos se presenta como uno de los principales mecanismos para combatir este flagelo, nunca ha prosperado. En el año 2003 se realizó una campaña de reforma constitucional contra su prescripción; por el mismo fin se han realizado campañas masivas de recolección de firmas por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, y además, su establecimiento fue contemplado en el Plan Nacional Anticorrupción de noviembre de 2008. En mayo de 2009 y diciembre de 2010 se frustraron debates sobre este asunto en el Congreso por falta de quórum reglamentario. Por último, el pasado día 2 la Comisión de Constitución del Congreso inició un redundante debate de proyectos de ley, en el cual existieron serias discrepancias entre congresistas del gobierno —que postulan que todo delito prescribe y proponen la aprobación de una modificación legal sin afectar la Constitución— y de la oposición, que sostienen lo contrario.
La corrupción es un mal endémico en nuestro país y se trata del delito más grave que se puede cometer desde la administración pública. Delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, prevaricato, entre otros, socavan las instituciones y los valores de la democracia, la ética, la justicia, y comprometen el desarrollo.
Bajo este panorama, el actual gobierno no ha tenido la voluntad política para combatir la corrupción ni ha reclamado sanciones inmediatas por estos delitos, lo cual ha incentivado la reproducción de prácticas corruptas en nuestro país. Por complejas razones sociales y culturales, este flagelo suele contar con inmensos mantos de impunidad, motivo por el cual el próximo gobierno tiene la obligación de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como una respuesta eficaz en la lucha contra esta grave amenaza a la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad. Expreso, 07.05.2011
