El fujimorismo y el duelo no superado de la derrota

 

Han pasado tres semanas desde que se celebró el balotaje en Perú entre Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), y esta última insiste en sus denuncias de fraude sin mostrar aún pruebas.

 

 

 

Este lunes, Fujimori presentará ante el presidente Francisco Sagasti un pedido para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) realice una auditoría de la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 6 de este mes.

 

Se trata de la última movida de Fuerza Popular dentro de una concatenación de hechos que, efectivamente, están dilatando la declaración del nuevo presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este debería ser Castillo pues, una vez concluido el conteo oficial de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), él resultó ganador, aunque por un margen estrecho.

 

Ordenemos un poco la sucesión de hechos para entender el accionar del fujimorismo: una vez enterado de que perdió las elecciones, denunció un fraude con el argumento principal de que algunos miembros de mesa y electores habían sido suplantados por terceros para favorecer al candidato de Perú Libre.

 

Asunto curioso: no ha habido ni un solo caso de un ciudadano que haya denunciado haber sido suplantado en el balotaje, sino todo lo contrario: ante las acusaciones del fujimorismo, han sido varios los que han salido a negarlas, con documentos en mano.

 

FRAUDE SIN PRUEBAS

 

Asimismo, Fuerza Popular ha denunciado parcialidad de parte de los órganos electorales y dio inicio a un círculo vicioso: al no existir pruebas de fraude, el fujimorismo exigió que el JNE demuestre que no lo hubo, cuando es un principio básico del derecho que la carga de la prueba debe recaer en el denunciante.

 

Por otro lado, otra acción del fujimorismo ha sido pedir, ante el JNE, la anulación de actas de mesas en las que Perú Libre obtuvo mayoría de votos. Resultado: el JNE ha desestimado, hasta la fecha porque aún no concluye esa tarea, todos los pedidos.

 

Todas estos actos del fujimorismo no consideran, además, que la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), los EEUU, la Unión Europea, los gobiernos de Reino Unido o Canadá, además de todas las misiones de observadores que supervisaron los comicios, han resaltado su transparencia y validez.

 

¿Por qué entonces Fuerza Popular insiste, hasta el día de hoy, en su teoría de un fraude? Alejandro Godoy es politólogo y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Perú. En diálogo con Sputnik intenta echar algunas luces sobre el asunto.

 

«Algunos podrían decir que Fuerza Popular simplemente está procesando el duelo por la derrota, también se podría pensar que lo quiere es evitar que Castillo asuma el Gobierno y dilatar lo más que se pueda la transición de mando», dice Godoy, ensayando explicaciones sobre la actuación del partido de Keiko Fujimori.

 

De hecho, voces dentro del fujimorismo han afirmado que si para el 28 de julio (día en que debe efectuarse la transición de mando) el JNE no ha proclamado un nuevo mandatario, entonces deberá asumir la presidencia el presidente del Congreso, algo que Godoy advierte como «un imposible», pues no hay en la legislación peruana nada que permita tal escenario.

 

KEIKO CONTRA LA JUSTICIA

 

Por otro lado, Keiko Fujimori afronta una investigación fiscal con pruebas sólidas y en estado avanzado por lavado de activos en el caso Lava Jato, y por la cual se está pidiendo 30 años de cárcel en su contra. Godoy tiene presente esto como otro factor que podría explicar la actitud de Fuerza Popular.

 

«Otra posibilidad es que la señora Fujimori quiera presentarse como una perseguida política de un «régimen ilegítimo» (de Pedro Castillo) y refugiarse en una embajada para pedir asilo por ser la lideresa de una oposición «víctima de un fraude», indica Godoy en una posibilidad que contempla la posibilidad de que Keiko esté buscando librarse del proceso judicial en su contra.

 

Según una encuesta publicada el 27 de junio por la empresa Ipsos, el 65 por ciento de la población desaprueba la actitud que ha tenido Fuerza Popular luego del balotaje y apenas un 13 por ciento cree que ha habido fraude en contra de Keiko.

 

Parece que Fujimori se está quedando sin respaldo en lo que podría definirse como un «estado de negación», pero ¿hasta cuándo podrá mantenerse en esa posición? El tiempo dirá, aunque más dilaciones le estén costando a Perú una inestabilidad política grave y la imposibilidad de mirar hacia la nueva administración que dirigirá su destino por 5 años. 

 

 

Con información de Sputnik