En un contexto donde el bajo crecimiento amenaza al desarrollo económico del país, principalmente por el bajo nivel de inversiones, tanto públicas como privadas, y cuando se esperaba anuncios de cambios y medidas para asegurar un crecimiento sostenido, a pesar de los conflictos sociales en la macro región sur, el mensaje presidencial por Fiestas Patrias llevó al clímax la confrontación política, con la propuesta del presidente Martín Vizcarra de una reforma constitucional para adelantar las elecciones congresales y recortar el mandato presidencial al 28 de julio del 2020.
Como preludio en su mensaje, el Jefe de Estado se refirió a la crisis institucional del país desde cuando inició su mandato hace 14 meses. Señaló, además, que para cambiar la situación su gobierno ha emprendido una frontal lucha contra la corrupción y propuesto la reforma política y judicial, procesos que la mayoría de la población apoyamos, y también coincidimos que los avances no han caminado al ritmo deseado, en buena cuenta por decisión del Congreso en no aprobar las medidas en la línea que fueron planteadas por el Ejecutivo.
A todo esto, horas después del mensaje presidencial, el nuevo presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, manifestó en tono conciliador la necesidad de entablar el diálogo para buscar una salida a la situación. Añadió que en todo caso el Parlamento espera la presentación de la propuesta de modificación constitucional para ser analizada y adoptar, con la Constitución como marco, las decisiones que correspondan.
Al margen del debate, que sin duda se planteará sobre la procedencia o no, en el marco constitucional, de la propuesta presidencial, el hecho es que el anuncio del primer mandatario incorpora un nuevo factor de tensión política, a pesar de las buenas intenciones de mejorar la institucionalidad del país, que generará a su vez de modo casi natural incertidumbre en el entorno económico y, por tanto, agudizará la desconfianza de los agentes productivos y sobre todo de las inversiones necesarias para impulsar el crecimiento sostenido.
En el mismo discurso, al hacer un balance de su gestión, el presidente Vizcarra señaló también que la caída del crecimiento de nuestra economía se debe sobre todo a factores externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dos de nuestros principales destinos de exportación. Señaló, sin embargo, que con las medidas que viene adoptando el gobierno para este año, el crecimiento del PBI será de 3,5% y para el bicentenario ascenderá a 5% anual. En ese sentido, creemos que también hay factores internos que no permiten alcanzar nuestro potencial de crecimiento económico, y estos tienen mucho que ver con nuestros bajos niveles de competitividad.
Coincidentemente, se publicaron este fin de semana el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, así como el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, cuyos objetivos son “apuntalar el crecimiento de mediano y largo plazo” del Perú, para cuyo efecto se han consensuado, vía comités técnicos público-privados, la priorización de 84 medidas que permitirán cumplir a cabalidad los 9 objetivos priorizados establecidos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada mediante DS N° 345-2018-EF. Y por el lado del Plan Nacional de Infraestructura se priorizaron 52 grandes proyectos que comprometerían una inversión de 100 mil millones de soles a lo largo de 20 años.
Objetivo importante a destacar es el OP5, Mercado Laboral Dinámico y Competitivo, ya que la informalidad por lo engorroso de los trámites frena las inversiones y el consecuente desarrollo de las empresas para la creación de mayores fuentes de empleo. Recordemos que la informalidad alcanza actualmente al 70% de la economía, perjudicando a los trabajadores que no tienen acceso a un salario digno y los correspondientes beneficios sociales. Sobre el tema, el presidente Vizcarra enfatizó que se han implementado medidas para que este año se formalicen 74 mil trabajadores. Confiamos que con las medidas que se proponen para mejorar el entorno laboral, haciéndolo más competitivo, logremos una verdadera formalización.
Con relación a la reconstrucción de las regiones afectadas hace tres años por El Niño Costero, donde las Cámaras de Comercio vinculadas han manifestado su preocupación por el lento avance, el presidente Vizcarra dijo que se ha implementado ventanillas multipropósito para agilizar los trámites de los gobiernos regionales y locales de esas zonas, a fin de asegurar la rápida ejecución de los proyectos cuya financiación ascendente a 12,500 millones de soles está prevista para el 2020.
Sin embargo, otro aspecto que preocupa a los gremios regionales, principalmente de la Macro Región Sur, son los problemas vinculados a los proyectos mineros como Tía María y Las Bambas, que como se sabe afrontan el embate de grupos antimineros, paralizando la producción de cobre y otros minerales, afectando la exportación de materias primas y mermando las divisas que requiere el país; en ese sentido, lamentamos que no fueran mencionados en el discurso presidencial, sino más bien la necesidad de una nueva Ley General de Minería que enfatice el cuidado del medioambiente, coincidiendo circunstancialmente con los reclamos de los grupos antimineros. Propuesta que si bien puede que tenga mucho sentido, por lo antigua que es Ley vigente, quizás la oportunidad no es la más adecuada.
En relación a la baja ejecución del gasto público, a cinco meses para que concluya el año, los gobiernos regionales y municipales solo han gastado el 40% del presupuesto asignado para la ejecución de obras, lo que revela una clamorosa falta de capacidad de gestión. El presidente Vizcarra señaló que se viene revitalizando el rol de esos gobiernos tanto con cambios normativos como con la transferencia este año de mayores recursos ascendentes a 11 mil millones de soles. En este aspecto es obvio que no es un problema de normas o recursos, sino de escasas competencias y capacidades para ejecutar los proyectos de inversión.
Mas allá del balance presentado sobre logros sectoriales, los agentes productivos, especialmente de las regiones del país, esperaban el anuncio de medidas concretas para impulsar la producción, así como el mayor desarrollo de la agroindustria y actividades económicas en la Amazonía, mejora en la predictibilidad del accionar del Estado, reformas al sistema de contratación del Estado, entre otras reformas necesarias para mantener y sostener el crecimiento anunciado del 3,5%.
En suma, frente a la mayor inestabilidad económica y política que podría generar la propuesta presidencial por el adelanto de las elecciones, las Cámaras de Comercio de las regiones invocan al Ejecutivo y al Congreso de la República a buscar el consenso dentro de los causes constitucionales, a fin de generar un entorno amigable de transición, que se cautele las instituciones, que no se tiña de populismo el proceso, que se ponga al Perú por delante para así mantener la confianza en que todos juntos podemos salir de esta coyuntura, concediendo como solo hacen los vencedores. Hagamos que el sacrificio temporal en el crecimiento, que afectará en mayor medida a los sectores más vulnerables, valga la pena.
Perucámaras
