Por Herberth Cuba Garcia
Una nueva etapa de colaboración entre los poderes públicos
El amplio debate —de más de 12 horas— en el Congreso de la República que culminó con el otorgamiento de la confianza al gabinete Villanueva ha permitido salvar los reparos a los procedimientos constitucionales y los alcances de la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, además de conservar el equilibrio y los adecuados contrapesos entre los tres poderes del Estado. Además ha puesto en evidencia la mutua sospecha y la dificultad para articular visiones y prioridades en las acciones de gobierno y en la lucha contra la corrupción.
Los comentarios en los pasillos del Congreso de la República y en las oficinas del Poder Ejecutivo eran de inestabilidad en el cargo y de sensación de que “ya nos vamos”. Los analistas fueron diezmados, porque o bien se convirtieron en activistas de uno u otro lado o se callaron, dado que la polarización impedía la cordura y el análisis imparcial. El analista político cedió paso al actor político. Con la prensa en general ocurrió algo similar. Las redes sociales cobraron mayor relevancia y las expresiones de agresión mutua las inundaron. Escaseó la reflexión serena y afloró el insulto emotivo.
Sin embargo, luego del otorgamiento de la confianza los extremos han quedado frustrados. La democracia y el respeto a la Constitución Política han vencido. No queda sino restañar heridas y gobernar con respeto irrestricto de las instituciones y el equilibrio de poderes. La madurez, a pesar del acalorado debate, ha primado. Tomará tiempo, eso sí, reducir los niveles de mutua sospecha. Difícil trance debido al proceso de judicialización de la política y a la politización de la lucha anticorrupción. La primera, ha permitido la persecución judicial —por “indicios”— durante largos periodos, con el único afán de desprestigiar y anular a líderes o agrupaciones políticas contrarias. Y la segunda es el aprovechamiento de la política por parte de los corruptos para escudarse y evitar las legítimas condenas que merecen. Es obvio que la primera condiciona a la segunda y viceversa, en un círculo vicioso.
Otro aspecto esencial para restañar heridas es abandonar la equivocada estrategia de la pretendida superioridad moral de unos frente a otros. Polarizar al país entre los partidos políticos etiquetados de morales frente a los etiquetados como inmorales es un absurdo, porque no es real. En todos los partidos hay personas honestas y, lamentablemente, también corruptas. La corrupción afecta en modo transversal a todas las esferas del quehacer humano. La política no es una excepción. La estrategia de la superioridad moral ha servido para incubar dictaduras, fundamentalismos e ídolos de barro.
La etapa que se abre, luego del otorgamiento de la confianza al gabinete, es de cooperación y colaboración entre los poderes públicos para lograr niveles óptimos de crecimiento económico y desarrollo social. Es necesario vencer los obstáculos para articular visiones y prioridades en las acciones de gobierno y en la lucha contra la corrupción. No es fácil emprender los procesos de transformación en cada uno de los sectores. En el sector salud, por ejemplo, hay consenso en la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) para acercar la atención integral de salud a los domicilios de los ciudadanos, con la participación no solo del Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales, sino también otros sectores del Estado y la sociedad, bajo el principio de la complementariedad. Es el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, la medicina preventiva y la promoción de la salud.
La colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo permitiría que el Congreso de la República apruebe la Ley de Redes Integradas de Salud. Lo mismo sucede con el fortalecimiento de la rectoría del Minsa, que le permitiría no solo evaluar el desempeño sanitario, sino también tener las herramientas necesarias para hacer cumplir el mandato constitucional del derecho a la salud y asumir el diseño y conducción plural y descentralizada de la política de salud. La falta de rectoría ha permitido la segmentación, la fragmentación y la autonomización de los diversos actores y componentes del sistema de salud. La colaboración entre el Congreso y el Poder Ejecutivo permitiría promulgar la ley que fortalezca la rectoría del Minsa.
El referéndum podría servir para legitimar las propuestas de reforma constitucional y para atenuar la frustración de los ciudadanos frente al pobre desempeño del Estado. Sin embargo, esa espera no durará mucho. ¡A restañar heridas, cooperar y trabajar por el bien del país!
21 de septiembre del 2018
Asociación Médica Peruana
