Cabanillas, Aráoz y García son responsables penales por hechos de Bagua
Asegura informe en minoría sobre la investigación de los asesinatos en Bagua
Mercedes Cabanillas
El vicepresidente de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, Aledaños y Otros, Víctor Isla Rojas, presentó oficialmente su informe en minoría que señala que la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante y el presidente Alan García Pérez incurrieron en delito de homicidio culposo, infringiendo su deber de cuidado en la actuación de la policía durante los sangrientos hechos del 5 de junio de 2009 en Bagua, Amazonas.
El legislador sostuvo que el análisis de las responsabilidades por las 34 muertes que dejó como saldo el conflicto no se agota en la afirmación de la existencia de responsabilidades políticas. “Quien evade cumplir sus deberes funcionales comete delito”, explicó.
Como se sabe, existen diversas normas que afirman una relación de subordinación de la Policía Nacional respecto del ministerio del Interior dentro de la estructura jerárquica de este último y además la Constitución establece que el Presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El informe encuentra asimismo responsabilidad penal en la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, por la comisión del delito de falsedad genérica, por mentir al Consejo de Ministros y al país sosteniendo que la derogatoria de los decretos cuestionados pondría en riesgo el TLC con los EE. UU., recordó el parlamentario.
Cabe destacar que el informe del congresista Isla también encuentra responsabilidad política en el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon Munaro, además de Cabanillas, Araoz y García.
Mención aparte merece el caso del hoy ministro del Interior Octavio Salazar Miranda, a quien se propone denunciar por infracción constitucional por no haber entregado la información requerida por la Comisión. “No es posible que un Ministro de Estado falte el respeto de esa manera al Poder Legislativo” concluyó Isla.
Otro punto solicita que los congresistas que autoricen el descuento de un mes de sueldo, como sanción simbólica por el deficiente papel cumplido durante el conflicto, que deberá destinarse, a través de las autoridades eclesiásticas de la zona, proporcionalmente a cada uno de los deudos de todas las víctimas de los sucesos del 5 de abril de 2009.
Sobre el papel del Congreso, el legislador expresó que este fue absolutamente deficiente y la dilación con la que actuó en la revisión de los decretos cuestionados fue una de las principales causas del desborde del conflicto.
Tanto el informe en mayoría como en minoría deberán ser presentados, debatidos y votados en el Pleno del Congreso de la República.
Como se sabe, existen diversas normas que afirman una relación de subordinación de la Policía Nacional respecto del ministerio del Interior dentro de la estructura jerárquica de este último y además la Constitución establece que el Presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El informe encuentra asimismo responsabilidad penal en la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, por la comisión del delito de falsedad genérica, por mentir al Consejo de Ministros y al país sosteniendo que la derogatoria de los decretos cuestionados pondría en riesgo el TLC con los EE. UU., recordó el parlamentario.
Cabe destacar que el informe del congresista Isla también encuentra responsabilidad política en el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon Munaro, además de Cabanillas, Araoz y García.
Mención aparte merece el caso del hoy ministro del Interior Octavio Salazar Miranda, a quien se propone denunciar por infracción constitucional por no haber entregado la información requerida por la Comisión. “No es posible que un Ministro de Estado falte el respeto de esa manera al Poder Legislativo” concluyó Isla.
Otro punto solicita que los congresistas que autoricen el descuento de un mes de sueldo, como sanción simbólica por el deficiente papel cumplido durante el conflicto, que deberá destinarse, a través de las autoridades eclesiásticas de la zona, proporcionalmente a cada uno de los deudos de todas las víctimas de los sucesos del 5 de abril de 2009.
Sobre el papel del Congreso, el legislador expresó que este fue absolutamente deficiente y la dilación con la que actuó en la revisión de los decretos cuestionados fue una de las principales causas del desborde del conflicto.
Tanto el informe en mayoría como en minoría deberán ser presentados, debatidos y votados en el Pleno del Congreso de la República.
