Congreso revela lista de 11 legisladores denunciados por serios delitos
La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó el viernes 14 poner a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria a 11 congresistas de diferentes bancadas que se encuentran procesados por supuesta comisión de diferentes delitos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Así lo informó el presidente del Poder Legislativo, Daniel Abugattás Majluf, durante una conferencia de prensa que ofreció conjuntamente con el primer y tercer vicepresidente, Manuel Merino De lama (AP) y Michael Urtecho Medina (SN), respectivamente, así como el titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Humberto Lay Sun (APGC).
Señaló que la Fiscalía de la Nación ha puesto en conocimiento de la Presidencia del Congreso de la República los casos de los representantes siguientes: María Magdalena López Córdova (GPF), investigada ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada por el presunto delito de lavado de activos; Virgilio Acuña Peralte (SN), investigado por presunto delito de lavado de activos.
También, Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, investigado ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada por supuesto delito de lavado de activos; Mariano Portugal Catacora (AP) investigado por la 13ª Fiscalía Provincial Penal de Lima por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo; Néstor Valqui Matos, investigado por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Pasco, por supuesto delito de proxenetismo, además de la imposición de una condena penal ejecutoriada dictada por el Segundo Juzgado en lo Penal de Pasco.
Asimismo, Eulogio Amado Romero Rodríguez (NGP), procesado penalmente ante la Sala Penal Liquidadota de Tambopata, por el presunto delito de robo agravado y otros en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como investigado por delito ambiental en las Fiscalías Especializadas en Delitos Ambientales de Madre de Dios; Francisco Ccama Layme (GPF), investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Puno por presunto delito ambiental.
Igualmente, Federico Pariona Galindo (GPF), investigado por la Primera y Segunda Fiscalía Especializadas en lo Penal de Huancayo y por la Primera Fiscalía Superior de Chanchamayo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, contra la fe pública, entre otros; Vicente Antonio Zeballos Salinas (SN), investigado por la Segunda Fiscalía Superior de Moquegua por presunto delito contra la fe pública; Josué Manuel Gutiérrez Cóndor (NGP), procesado por el Tercer Juzgado Penal de Huánuco por presunto delito de difamación agravada; y Alejandro Yovera Flores (GPF), procesado por el Tercer Juzgado Penal de Huánuco por presunto delitos de falsedad ideológica.
Abugattás también informó que la Mesa Directiva acordó dejar constancia de que la remisión de los casos referidos a la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuará sin perjuicio del procedimiento de levantamiento de la inmunidad previsto en estricta aplicación del artículo 16º del Reglamento del Congreso de la República, en los casos que correspondan, de acuerdo a lo que oportunamente considere la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
Señaló que, igualmente, se acordó dejar constancia de que los acuerdos adoptados se toman en estricto respeto del derecho a la presunción de inocencia de los congresistas señalados, y recomienda a la Comisión de Ética Parlamentaria que proceda a iniciar la investigación de oficio respecto de la denuncia periodística propalada ayer contra la congresista Elsa Celia Anicama Ñáñez (NGP).
Explicó que los medios de comunicación han informado sobre un listado de congresistas que coincide con los casos puestos en conocimiento por la Fiscalía de la Nación, además de cinco adicionales. Anotó que, de acuerdo al artículo 23º del Reglamento del Congreso de la República, todo congresista tiene el deber de mantener una conducta ejemplar que concuerda con el artículo 1º del Código de Ética Parlamentaria.
Precisó que, sin perjuicio del irrestricto respeto de la garantía constitucional de presunción de inocencia, a la cual tiene derecho todo ciudadano, los casos de congresistas que se encuentran investigados por el Ministerio Público y procesados por el Poder Judicial correspondían ser puestos en conocimiento de la Comisión de Ética Parlamentaria.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, congresista Humberto Lay Sun, manifestó que la tarea que tiene su grupo de trabajo por delante no es nada grata, “pero lo asumimos con gran responsabilidad y disposición de trabajar con absoluta seriedad, con imparcilidad y con mucha serenidad, porque está de por medio el prestigio y la imagen del Congreso, así como de las personas en forma individual”.
Subrayó que las decisiones de la comisión serán justas, sujetas al debido proceso, a las leyes, reglamentos y, especialmente, al Código de Ética Parlamentaria. Precisó que los casos que escapan a la jurisdicción de la comisión pasarán al Ministerio Público o a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el respectivo levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
“Garantizo a la opinión pública que nuestro trabajo, que se iniciará el lunes, será imparcial y ya no se repetirá esa frase que dice “Otorongo no come Otorongo”, puntualizó.
