Feijóo: Apristas iban a robar $875 millones para campaña de Del Castillo
Una grave acusación surge de las audiencias de los “petroaudios” de Business Track, empresa acusada de interceptación telefónica: altos mandos del Apra del entorno de Alan García se disponían a saquear el Tesoro Público para financiar la campaña de Jorge del Castillo, nada menos que por US$ millones.
El jefe de Business Track (BTR) Manuel Elías Ponce Feijóo manifestó ayer que las conversaciones telefónicas entre Rómulo León y Alberto Químper, que él encargó interceptar y que luego fueron difundidas por la prensa en octubre de 2008, evitaron el robo, por parte del entorno de Alan García, de 875 millones de dólares de las arcas del Estado.
Ponce Feijóo incrimina a exaliados apristas
De esa manera, el exsubdirector de inteligencia de la Marina ratificó que el APRA pretendió alzarse con un tercer gobierno, al cual aspiraba dirigir el expremier Jorge del Castillo, financiándose con el dinero obtenido de las concesiones ilícitas de lotes petroleros a favor del empresario dominicano Fortunato Canáan, procesado al igual que León y Químper en el caso Petroaudios, que ahora está a puertas del inicio del juicio oral.
“No solo cayó un gabinete sino que (con los audios divulgados) se evitó el robo de más de 875 millones de dólares al Estado que irían a la campaña de Jorge del Castillo”, afirmó Ponce.
Edward Sánchez, abogado de Ponce Feijóo, explicó que la suma a la que hizo alusión Ponce está basada en la carta de seis páginas denominada Proyecto Perú y que redactó Canáan a León en la que le refiere los pasos para lograr los contratos con el Estado, como los $1,750 millones que serían repartidos, la mitad para el entorno de García que “facilite los negocios” y la otra mitad para la inversión.
QUERÍAN MATARME
Ponce sostuvo que la intuición de que era el responsable del chuponeo y de la posterior divulgación de los audios de la corrupción fueron las razones por las que el gobierno de García se habría ensañado con él y sus coprocesados. Así refirió que el Partido Aprista en el Congreso promovió una ley con nombre propio para que su proceso pase de sumario a ordinario.
“Me enviaron al penal Castro Castro porque querían matarme, un penal donde están los terroristas que capturé”, indicó.
Aseguró además que su relación con el APRA era tan estrecha que, antes que salieran a la luz los petroaudios que provocaron la caída del gabinete de Del Castillo, ya el propio exmandatario los conocía, porque “estaba informado de todo”.
“Colaboré con el gobierno de Alan García pues le hice llegar información, sino ¿cómo se explica que Rómulo León, ante el Congreso, dijera que Luis Nava, por encargo de García, le pidió que se aparte de Canáan? García sabía todo por mí”, dijo Ponce sobre García que lo tildó, por su parte, como un “vendedor de humo” con quien se reunió dos veces.
GIANNOTTI
Tras culminar la defensa oral de Ponce quien exigió al tribunal su absolución, le tocó el turno a su coprocesada Giselle Giannotti, quien reiteró también su inocencia tras insistir que las pruebas, como sus cuatro USB, que le fueron incautados en enero de 2009, cuando fue detenida, fueron manipuladas y desaparecidas en la etapa policial.
“Hay que recordar que en abril de 2009 (luego fueron detenidos los jefes de BTR), cómo se echaban la culpa unos a otros sobre la pérdida de los USB”, aseveró la ejecutiva de ventas de BTR quien ha reiterado en diversas oportunidades que la Policía desapareció material que le fue incautado y que involucraba a Del Castillo en actos de corrupción, para protegerlo.
Asimismo, aseguró que los audios hallados en su poder no le pertenecían, sino que le fueron otorgados por diversos hombres de prensa que se acercaban a ella para verificar la autenticidad de los mismos. “Pablo O’Brien (experiodista de El Comercio) no era el único que me consultaba sobre audios de chuponeo; muchos periodistas tenían esos audios”, expresó.
La condena se acerca
El tribunal que preside el juez Iván Sequeiros anunció en la audiencia de ayer que la sentencia de este caso referido a la interceptación de las comunicaciones se conocerá este viernes, luego haber culminado la defensa personal de los ocho procesados.
El fiscal Tony García ha solicitado para los jefes de BTR Manuel Elías Ponce Feijóo, Carlos Tomasio de Lambarri y Giselle Giannotti Grados diez años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación de las comunicaciones y violación de la correspondencia.
Para los exmarinos Martín Fernández Virhuez, Manuel Ojeda Angles el Ministerio Público ha pedido 9 años de prisión y para Jesús Tirado Seguín y los operadores de Cobra Ericks Martell y Oswaldo Salas, por los mismos presuntos delitos, 8 años de condena. Y como reparación el pago solidario de parte de los 8 procesados de un millón 600 mil soles.
“No solo es la complejidad y los diferentes delitos sino las nefastas consecuencias de los delitos que se cometieron años, meses y días. Este es un caso emblemático que merece sanción ejemplar”, dijo en su última intervención ante el tribunal García Cano tras indicar que fueron más de 24 mil archivos de audios y miles de correos electrónicos incautados a los procesados del caso BTR.
Henry Campos, La Primera.
