Aprueban proyecto de ley para que policías y militares en retiro presten servicios de seguridad ciudadana
O
tro proyecto prohíbe el uso de toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica de los niños y adolescentes.
El Consejo de Ministros aprobó hoy un proyecto de ley que autoriza a los policías y militares en retiro a prestar servicios de seguridad ciudadana sin renunciar a las pensiones que reciben del Estado.
El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, afirmó que el proyecto fue aprobado en atención al clamor de muchísimas autoridades y de presidentes de Comités de Seguridad Ciudadana a nivel nacional que no pueden contratar militares y policías en retiro porque estos tendrían que renunciar a sus pensiones.
El proyecto, que será remitido al Congreso, modifica algunas normas que prohíben la doble percepción de ingresos en el Estado, en este caso de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en situación de retiro.
Valdés recalcó que el objetivo del proyecto es incorporar a un gran contingente de personas muy capacitadas para que presten servicio de seguridad ciudadana sin renunciar a sus respectivas pensiones.
Proyecto que protege a niños y adolescentes
El Consejo de Ministros también aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe el uso de toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica de todos los niños y adolescentes.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, precisó que el proyecto, que será remitido al Congreso, no pretende anular la posibilidad de los padres y madres de corregir y educar a sus hijos, sino estimularlos a que cumplan con su obligación “de garantizar la protección de estas poblaciones vulnerables donde demostraremos que sí es posible educar con afecto y respeto”.
En el ámbito escolar, indicó, el proyecto establece la prohibición de aplicar medidas correctivas que atenten contra la integridad de los niños y adolescentes, y también como un deber de los niños y adolescentes tratar con respeto a sus docentes y autoridades educativas.
Señaló que en los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional se reportaron, entre enero y diciembre del año pasado 11,215 casos de niños y adolescentes, de cero a 17 años, afectados por temas de violencia familiar y sexual.
Precisó que de ellos 7,589 son niñas y adolescentes mujeres, lo que equivale al 68% del total de casos de menores de edad. “Y se advierte que los principales agresores son los padres biológicos, pero también se ha registrado violencia fuera del entorno familiar como amigos, profesores, vecinos y desconocidos, entre otros”, manifestó.
De esta manera, dijo, el Perú se suma a otros países de la región, como Uruguay, Venezuela y Costa Rica, que ya tienen leyes que prohíben todo tipo de castigo físico y humillante como mecanismo de corrección. “No existe otra forma de construir un país desarrollado. Ningún país desarrollado ha crecido a través de la violencia o permitiéndola”, dijo.
El proyecto propone modificar los artículos 4, 16, 24, 38, 74 y 241 del Código de los Niños y Adolescentes; y el artículo 423 del Código Civil.
El jefe del gabinete Óscar Valdés declaró a la prensa, acompañado de las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli; y del titular de Vivienda, René Cornejo; tras culminar la sesión Nº 46 del Consejo de Ministros que presidió el Jefe de Estado, Ollanta Humala.
