Nueva Ley de Aguas pondría en peligro acceso justo al agua
Podría perjudicar a sectores agropecuarios y al consumidor urbano directo, asegura congresista Juana Huancahuari
La congresista Juana Huancahuari formuló varios cuestionamientos, en la Comisión Agraria, al texto sustitutorio que propone una nueva ley de Aguas, al haberse recogido diversos artículos del controvertido decreto legislativo 1081, que pondrían en peligro el acceso justo y equitativo del recurso en los sectores agropecuarios y para consumo humano directo.
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Podría perjudicar a sectores agropecuarios y al consumidor urbano directo, asegura congresista Juana Huancahuari
La congresista Juana Huancahuari formuló varios cuestionamientos, en la Comisión Agraria, al texto sustitutorio que propone una nueva ley de Aguas, al haberse recogido diversos artículos del controvertido decreto legislativo 1081, que pondrían en peligro el acceso justo y equitativo del recurso en los sectores agropecuarios y para consumo humano directo.
Huancahuari criticó que el Ejecutivo pretenda obtener una mayoría burocrática, al incluir seis ministerios, a los consejos de cuenca y al sector privado, como integrantes de la Autoridad Nacional cuando está representado por los gobiernos regionales, locales y su titular.
En esta pretensión, se piratea el decreto 1081 al reproducir una estructura en la que el Estado monopoliza la administración y gestión del agua, crea órganos de apoyo, asesoramiento, de línea y órganos desconcentrados (autoridades administrativas del agua y administraciones locales del agua), eliminando el carácter participativo que tenía el dictamen aprobado en la legislatura anterior.
Huancahuari cuestionó que a las autoridades de recursos hídricos de cuencas se les impida tener personería jurídica de derecho público interno, contar con patrimonio propio y autonomía administrativa, económica y financiera, convirtiéndolos en simples tramitadores y operadores sujetos a la administración burocrática del gobierno central.
Por otro lado, se promueve la reversión de excedentes hídricos y se da preferencia para el otorgamiento de nuevos derechos a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica que cuenten con un certificado de eficiencia.
“Nos preguntamos, ¿a qué se denominan excedentes?, ¿con qué criterios se otorgarán certificados de eficiencia?, ¿a quiénes favorecerá esta ley considerando que son los operadores privados quienes cuentan con grandes recursos económicos y oportunidades para obtener tales ventajas?”, cuestionó.
Agregó que se otorga a los privados el derecho exclusivo de utilización de aguas desalinazadas y se recorta el contenido del Plan Nacional de Recursos Hídricos al otorgar la facultad de su elaboración al consejo directivo de la Autoridad Nacional.
La parlamentaria dejó en claro su posición y solicitó al presidente de la comisión, Mario Alegría, una revisión exhaustiva y la respectiva modificación del proyecto.
Finalmente, Huancahuari propuso incluir como Disposición Final que se declare zona intangible a las cabeceras de cuenca, la prohibición de instalaciones de infraestructuras hidráulicas y el otorgamiento de permisos para el desarrollo de las industrias extractivas y de hidrocarburos.
En esta pretensión, se piratea el decreto 1081 al reproducir una estructura en la que el Estado monopoliza la administración y gestión del agua, crea órganos de apoyo, asesoramiento, de línea y órganos desconcentrados (autoridades administrativas del agua y administraciones locales del agua), eliminando el carácter participativo que tenía el dictamen aprobado en la legislatura anterior.
Huancahuari cuestionó que a las autoridades de recursos hídricos de cuencas se les impida tener personería jurídica de derecho público interno, contar con patrimonio propio y autonomía administrativa, económica y financiera, convirtiéndolos en simples tramitadores y operadores sujetos a la administración burocrática del gobierno central.
Por otro lado, se promueve la reversión de excedentes hídricos y se da preferencia para el otorgamiento de nuevos derechos a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica que cuenten con un certificado de eficiencia.
“Nos preguntamos, ¿a qué se denominan excedentes?, ¿con qué criterios se otorgarán certificados de eficiencia?, ¿a quiénes favorecerá esta ley considerando que son los operadores privados quienes cuentan con grandes recursos económicos y oportunidades para obtener tales ventajas?”, cuestionó.
Agregó que se otorga a los privados el derecho exclusivo de utilización de aguas desalinazadas y se recorta el contenido del Plan Nacional de Recursos Hídricos al otorgar la facultad de su elaboración al consejo directivo de la Autoridad Nacional.
La parlamentaria dejó en claro su posición y solicitó al presidente de la comisión, Mario Alegría, una revisión exhaustiva y la respectiva modificación del proyecto.
Finalmente, Huancahuari propuso incluir como Disposición Final que se declare zona intangible a las cabeceras de cuenca, la prohibición de instalaciones de infraestructuras hidráulicas y el otorgamiento de permisos para el desarrollo de las industrias extractivas y de hidrocarburos.
