El escandaloso y apestoso contrato del gasoducto sur, de un costo astronómico y con carga para todos los peruanos, que pagarán en las facturas de electricidad, tendría como implicados a cinco ministros de Humala, quien ha ofrecido el gas de Camisea, necesario para nuestro desarrollo, al enemigo chileno.
La Contraloría detectó modificaciones en las cláusulas del contrato de la millonaria concesión, que beneficiaron a la brasileña Odebrecht, protagonista de un megaescándalo de corrupción en Brasil.
En julio del 2014, el presidente Humala firmó el contrato de concesión por 34 años y por 7 mil millones de dólares.
Los cinco ministros formaron parte del Consejo Directivo de ProInversión, según la investigación de la Segunda Fiscalía Anticorrupción sobre el caso del Gasoducto del Sur, en el cual se investiga un presunto favorecimiento en la millonaria adjudicación al consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y la firma española Enagás.
Perú21 informó que el 9 de junio de 2014, los entonces ministros Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Luis Miguel Castilla (Economía), Milton von Hesse (Vivienda), José Gallardo Ku (Transportes) y Juan Benites (Agricultura) aprobaron la modificación del contrato de la referida licitación que terminó beneficiando a la constructora brasileña, la cual está bajo indagación en su país por supuestos actos de corrupción.
“En la versión final del contrato se modificaron las cláusulas que permiten el cambio del ‘operador calificado’ (Enagás), eliminando la exigencia de que el reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y la autorización del concedente (Estado Peruano), beneficiando al concesionario”, señala el reporte.
Se detectó este hecho luego de comparar las tres versiones del contrato de concesión, el cual es por 34 años e implica el desembolso de más de US$7 mil millones.
Como se sabe, una conocida modalidad de corrupción es ganar la adjudicación por un monto reducido para sacar del panorama a la competencia, y después, en complicidad con los funcionarios encargados de otorgar la buena pro, pactar adendas para ir inflando el precio, en este caso, con cifras millonarias y exorbitantes. Así, se incluye un párrafo en la cláusula 9.10.3 de la versión final del documento contractual.
Se permitió al concesionario el cambio del ‘operador calificado’ (la española Enagás), después de los primeros 10 años. Es decir, Odebrecht podría prescindir de su actual socia en el 2024 y optar por otra con menores condiciones operativas. Dicha potestad desnaturaliza el propósito de la concesión de contar con un operador calificado que cumpla con determinados requisitos mínimos, advierte la Contraloría.
El citado contrato exige a Enagás no solo acreditar su experiencia, sino que se encargue de las operaciones técnicas del sistema de transporte y que “asuma solidariamente con el concesionario (Odebrecht) las obligaciones derivadas de las operaciones técnicas previstas”. Por eso, estos cambios contradicen las bases de la licitación.
Las dos primeras versiones del contrato del Gasoducto del Sur son de febrero a abril del año pasado. La última versión, antes de contar con el visto bueno de los ministros mencionados, fue aprobada por el Comité Pro Seguridad Energética, a cargo del proceso de adjudicación, el 16 de mayo de 2014, cuando se dispuso que el documento se remitiera a los ministerios de Energía y Minas, y de Economía, así como a Osinergmin, para que su opinión.
La Contraloría concluyó que no se cautelaron los intereses del Estado, Así se trabaja cuando hay corrupción.
Este caso será investigado por la comisión especial del Congreso para el escándalo Lava Jato, que incluye las adjudicaciones de la carretera Interoceánica Sur, de la planta de tratamiento de agua en Huachipa (contratada por Alan García y que se cae a pedazos). En el caso del Gasoducto Sur, la primera obra se licitó durante el gobierno de Alejandro Toledo; la segunda, en el de Alan García; y la tercera, en el de Ollanta Humala.
Existe la presunción de un posible conflicto de intereses en el caso del Gasoducto del Sur debido a que el responsable de la licitación, Édgard Ramírez, realizó consultorías para Odebrecht al menos dos años antes del proceso de adjudicación.
También porque algunos de los informes legales utilizados por ProInversión para descalificar al postor rival de la constructora brasileña fueron elaborados por estudios relacionados a Odebrecht. Incluso, el entonces ministro Eleodoro Mayorga había brindado asesorías a la misma firma, apunta Perú21.
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