Huancahuari pide cambios en legislación minera
Ministerio de Energía y Minas avala compra de dirigentes ambientales para dar entrada a actividades mineras, asegura congresista Huancahuari
“Las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, son pura demagogia si es que no van acompañadas de cambios sustanciales en la ley general de minería y el reglamento que rige el otorgamiento de concesiones en territorios de las comunidades campesinas y nativas”, sostuvo la parlamentaria Juana Huancahuari.
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Ministerio de Energía y Minas avala compra de dirigentes ambientales para dar entrada a actividades mineras, asegura congresista Huancahuari
“Las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, son pura demagogia si es que no van acompañadas de cambios sustanciales en la ley general de minería y el reglamento que rige el otorgamiento de concesiones en territorios de las comunidades campesinas y nativas”, sostuvo la parlamentaria Juana Huancahuari.
El fin de semana, el ministro Sánchez había dicho que las concesiones mineras no serían autorizadas si es que las comunidades campesinas y nativas no estaban de acuerdo y que ese principio se respetaría.
Huancahuari demandó al ministro ser consecuente y pidió la suspensión del otorgamiento de concesiones hasta que dichas modificaciones se efectúen, puesto que allí se encuentra el origen de los conflictos socioambientales.
La congresista propuso que se reforme el marco regulatorio de la participación ciudadana en torno a las industrias extractivas, para permitir un adecuado equilibrio en la protección de derechos y el establecimiento de obligaciones entre empresas mineras y población.
Para Huancahuari, el gobierno y las mineras tratan en lo posible de burlar el requisito del acuerdo previo con las comunidades y propietarios. Por lo general, para obtener el permiso de exploración, compran a los dirigentes y a unos cuantos ofreciéndoles trabajo en la mina, obviando el artículo 11 de la ley 26505, que exige la aprobación de los dos tercios de los comuneros. Esta situación es avalada por el Ministerio de Energía y Minas.
En octubre pasado, Huancahuari presentó el proyecto de ley 2746, que dispone la suspensión de denuncios y concesiones mineras e hidrocarburíferas por 180 días, y la formulación de un reordenamiento territorial nacional, basado en una zonificación ecológica, económica y sostenible.
La actual legislación minera deja flancos abiertos a la inversión privada pero no fija las condiciones apropiadas para su compromiso con las poblaciones, por lo que no cautela los derechos de los ciudadanos ni de la comunidad.
La congresista por Ayacucho, explicó que su proyecto se basa en la vocación productiva y social de cada región, que permita un uso adecuado y sostenible de sus recursos naturales y a las que deberán adecuarse las industrias extractivas.
Huancahuari demandó al ministro ser consecuente y pidió la suspensión del otorgamiento de concesiones hasta que dichas modificaciones se efectúen, puesto que allí se encuentra el origen de los conflictos socioambientales.
La congresista propuso que se reforme el marco regulatorio de la participación ciudadana en torno a las industrias extractivas, para permitir un adecuado equilibrio en la protección de derechos y el establecimiento de obligaciones entre empresas mineras y población.
Para Huancahuari, el gobierno y las mineras tratan en lo posible de burlar el requisito del acuerdo previo con las comunidades y propietarios. Por lo general, para obtener el permiso de exploración, compran a los dirigentes y a unos cuantos ofreciéndoles trabajo en la mina, obviando el artículo 11 de la ley 26505, que exige la aprobación de los dos tercios de los comuneros. Esta situación es avalada por el Ministerio de Energía y Minas.
En octubre pasado, Huancahuari presentó el proyecto de ley 2746, que dispone la suspensión de denuncios y concesiones mineras e hidrocarburíferas por 180 días, y la formulación de un reordenamiento territorial nacional, basado en una zonificación ecológica, económica y sostenible.
La actual legislación minera deja flancos abiertos a la inversión privada pero no fija las condiciones apropiadas para su compromiso con las poblaciones, por lo que no cautela los derechos de los ciudadanos ni de la comunidad.
La congresista por Ayacucho, explicó que su proyecto se basa en la vocación productiva y social de cada región, que permita un uso adecuado y sostenible de sus recursos naturales y a las que deberán adecuarse las industrias extractivas.
