Apra juega con fuego ante paro agrario por el agua
Asegura congresista Juana Huancahuari, y asegura que Ley Orgánica sí corresponde a Recursos Hídricos
“El gobierno está jugando con fuego al burlarse del campesinado y está provocando una crisis alimentaria nacional de seguir con su política de oídos sordos a los reclamos del sector agrario y rural”, alertó la parlamentaria Juana Huancahuari.
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Asegura congresista Juana Huancahuari, y asegura que Ley Orgánica sí corresponde a Recursos Hídricos
“El gobierno está jugando con fuego al burlarse del campesinado y está provocando una crisis alimentaria nacional de seguir con su política de oídos sordos a los reclamos del sector agrario y rural”, alertó la parlamentaria Juana Huancahuari.
Sostuvo que el paro agrario indefinido anunciado para el dos de marzo por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y otras organizaciones, reclamando una ley de aguas justa y no privatista, grafica la irresponsabilidad del gobierno aprista al incumplir sus compromisos.
Exigió asimismo que se retiren las modificaciones filtradas irregularmente por el Apra en la ley de recursos hídricos y propuso que se apruebe en segunda votación por mayoría calificada para que se convierta en ley orgánica.
Aun cuando el Congreso ha hecho esfuerzos por aprobar una ley de aguas que a su vez derogue los decretos privatistas 1081 y 1083, es ahora el Apra y sus aliados de derecha quienes pretenden insertar mecanismos legales que permitan el uso del agua para minería, por ejemplo, en nacientes de cuencas, o que esta actividad extractiva tenga mayor prioridad que el agro o la piscicultura.
Exigió asimismo que se retiren las modificaciones filtradas irregularmente por el Apra en la ley de recursos hídricos y propuso que se apruebe en segunda votación por mayoría calificada para que se convierta en ley orgánica.
Aun cuando el Congreso ha hecho esfuerzos por aprobar una ley de aguas que a su vez derogue los decretos privatistas 1081 y 1083, es ahora el Apra y sus aliados de derecha quienes pretenden insertar mecanismos legales que permitan el uso del agua para minería, por ejemplo, en nacientes de cuencas, o que esta actividad extractiva tenga mayor prioridad que el agro o la piscicultura.
