De un lado el gobierno proclama fortalecer la lucha contra la corrupción, pero de otro estrangula al principal brazo de lucha contra este flagelo del Ejecutivo, que es la Procuraduría Anticorrupción, a la cual está estrangulando al negarle presupuesto.
Como se recuerda, con bombos y platillos el gobierno aseguró que la Procuraduría Anticorrupción (PA) gozaría de todo su respaldo y de independencia, pero en los hechos se está configurando una conducta del Ejecutivo que respondería a una venganza contra la PA por haber incluido al presente gobierno en sus investigaciones, en especial, por el escándalo Chinchero.
En un programa televisivo, la procuradora Katherine Ampuero denunció que el Ministerio de Economía (MEF) no les alivia ni con un sol y se encuentran sin recursos económicos y logísticos. Para Ampuero, se trata del disgusto del Gobierno por las investigaciones.
Ampuero señaló este en Canal N “que logísticamente están operando sin recursos las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht”. “Estamos pagando a los pocos abogados que tenemos… En este momento tienen contrato vigente solo cinco abogados. Ni siquiera tenemos personal de limpieza”, reveló.
La citada procuradora informó que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que preside Julia Príncipe, estaba tramitando los recursos ante el Ministerio de Justicia.
Indicó que además de la falta de recursos, hay problemas legales en la autonomía del sistema de defensa judicial del Estado, y, finalmente, tal vez lo más importante, la incomodidad en diferentes dependencias del Ejecutivo, como en la Presidencia del Consejo de Ministros, por las palabras impropias del procurador Amado Enco contra Fernando Zavala, o en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde su titular Martín Vizcarra ha sido incluido en el expediente en giro del caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero.
El congresista García Belaunde comentó que esta es una manera de ahorcarlos económicamente y de no querer combatir la corrupción. “Como no son procuradores de su simpatía, en este momento lo que hacen es asfixiarlos económica y administrativamente. Es una manera de desaprobarlos, de rendirlos, de que no hagan nada y de rechazarlos”, dijo a Expreso.
“Al no darles ningún tipo de facilidades, lo que están haciendo es lanzándolos para que abandonen su trabajo y esto de alguna manera es estar coludidos con la corrupción, de querer dejar las cosas como están. Eso me parece sumamente grave”, dijo.
García Belaunde adelantó que citarán a la ministra de Justicia para que explique por qué hay recursos para contratar publicidad o propaganda en los medios de comunicación masiva para promover la labor del Gobierno y no hay dinero para promover a los que defienden los intereses del Estado.
“No quieren llegar a la verdad porque los pueden comprometer. Puede haber funcionarios actuales que estén comprometidos. Mire lo que está pasando: nos hemos enterado que el señor Alfredo Dammert es socio de la viceministra de Transportes [Fiorella Molinelli] y es ella la que firmó la adenda de Chinchero”, agregó.
Explicó que Dammert es además el que en la votación cambió de parecer presionado por el Gobierno para que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) apruebe entre comillas la adenda de Chinchero.
“Ese señor fue el mismo que como árbitro único le dio la razón a Odebrecht para que el Estado deba devolverle 67 millones de dólares”, rememoró.
Para García Belaunde, Dammert está promovido por el Gobierno para ser presidente de Osiptel Perú, el regulador de las Telecomunicaciones, tal como lo publicó El Peruano. “Un hombre muy cuestionado y entreguista pero socio de la viceministra de Transportes antes citada. Estamos hablando de un gobierno que no quiere luchar contra la corrupción”, finalizó.
