Aprueban Ley de Aguas privatista burlando a los agricultores
Aseguran nacionalistas. Congresista Huancahuari anuncia acción de inconstitucionalidad
Los legisladores nacionalistas rechazaron la imposición de la mayoría de apristas, fujimoristas, Unidad Nacional y tránsfugas, quienes impusieron una nueva Ley de Aguas que desconoce las propuestas y reclamos que formularon las juntas de regantes de los distritos de sierra y selva, los gremios agropecuarios CNA, CCP, Conacami, las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas del país.
Para el Partido Nacionalista, la ley ignora el acceso al agua como derecho humano y se abre las puertas para su explotación comercial, al haberse eliminado del artículo 2 la expresión “sin fines de lucro” que establecía una valla a los intentos de privatización del agua que el actual gobierno ya emprendió con los Decretos Legislativos 1081 y 1083, actualmente cuestionados por su inconstitucionalidad.
Esta nueva ley también elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación y en nombre de un falso principio de “autoridad única” se reconcentra la gestión del agua en manos de la llamada “Autoridad Nacional del Agua” (ANA), la que a partir de la fecha concentra todas las funciones de otorgamiento de derechos de agua, trasvases y tarifas, en todo el país.
Otro punto criticable es el relacionado con las regiones, que ya no tienen participación real ya que los “Consejos de cuenca” mencionados en la ley se reducen a comisiones multisectoriales de diálogo y coordinación, sin ningún poder decisorio sobre el destino del agua.
Además, la nueva ley desconoce la necesidad de proteger la intangibilidad de las cabeceras de cuenca que constituyen las fuentes sagradas de producción de agua para el país y que fue una propuesta de la congresista Huancahuari Páucar.
De ese modo las zonas de montaña y de nevados podrían eventualmente ser concesionadas por la ANA para actividades productivas, mineras o de otro tipo, lo que puede poner en riesgo los ecosistemas frágiles de donde proviene la mayor parte del agua.
Asimismo, las comunidades andinas y amazónicas no tienen derecho al consentimiento informado previo de las licencias que pueda otorgar la ANA sobre las aguas de sus territorios, contrariando principios que ya se han incorporado en las Declaraciones de Naciones Unidas.
Juana Huancahuari saltó de su escaño y se paró en medio del hemiciclo indignada cuando la mayoría oficialista compuesta por el Apra, Unidad Nacional y el fujimorismo, aprobaron una ley de aguas hecha a la medida de las grandes empresas y mineras.
Tras ella le siguieron los demás miembros de su bancada vivando “el agua no se vende”, “el agua se defiende”, “no a la privatización del agua”, hasta que el Presidente del Congreso, Javier Velásquez tuvo que suspender la sesión por quince minutos.
Huancahuari anunció que promoverán una acción de inconstitucionalidad para que esta ley no prospere, pues es escandaloso el entreguismo en manos privadas del recurso más importante que tiene el país.
Organizaciones manifiestan su rechazo
Las grandes centrales agrarias como la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú han planteado un levantamiento de los pueblos y comunidades en rechazo a esta Ley que pretende mercantilizar el agua y poner en manos de los operadores privados la vida de millones de peruanos.
Esta nueva ley también elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación y en nombre de un falso principio de “autoridad única” se reconcentra la gestión del agua en manos de la llamada “Autoridad Nacional del Agua” (ANA), la que a partir de la fecha concentra todas las funciones de otorgamiento de derechos de agua, trasvases y tarifas, en todo el país.
Otro punto criticable es el relacionado con las regiones, que ya no tienen participación real ya que los “Consejos de cuenca” mencionados en la ley se reducen a comisiones multisectoriales de diálogo y coordinación, sin ningún poder decisorio sobre el destino del agua.
Además, la nueva ley desconoce la necesidad de proteger la intangibilidad de las cabeceras de cuenca que constituyen las fuentes sagradas de producción de agua para el país y que fue una propuesta de la congresista Huancahuari Páucar.
De ese modo las zonas de montaña y de nevados podrían eventualmente ser concesionadas por la ANA para actividades productivas, mineras o de otro tipo, lo que puede poner en riesgo los ecosistemas frágiles de donde proviene la mayor parte del agua.
Asimismo, las comunidades andinas y amazónicas no tienen derecho al consentimiento informado previo de las licencias que pueda otorgar la ANA sobre las aguas de sus territorios, contrariando principios que ya se han incorporado en las Declaraciones de Naciones Unidas.
Juana Huancahuari saltó de su escaño y se paró en medio del hemiciclo indignada cuando la mayoría oficialista compuesta por el Apra, Unidad Nacional y el fujimorismo, aprobaron una ley de aguas hecha a la medida de las grandes empresas y mineras.
Tras ella le siguieron los demás miembros de su bancada vivando “el agua no se vende”, “el agua se defiende”, “no a la privatización del agua”, hasta que el Presidente del Congreso, Javier Velásquez tuvo que suspender la sesión por quince minutos.
Huancahuari anunció que promoverán una acción de inconstitucionalidad para que esta ley no prospere, pues es escandaloso el entreguismo en manos privadas del recurso más importante que tiene el país.
Organizaciones manifiestan su rechazo
Las grandes centrales agrarias como la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú han planteado un levantamiento de los pueblos y comunidades en rechazo a esta Ley que pretende mercantilizar el agua y poner en manos de los operadores privados la vida de millones de peruanos.
