Nativos dejan sin efecto llamado a la insurgencia
Aidesep firma un acuerdo con la Defensoría del Pueblo
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dejó sin efecto el llamado a la insurgencia tras firmar un acuerdo con la Defensoría del Pueblo en el que se compromete a deponer la medida de fuerza.
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| ................Alberto Pizango |
Aidesep firma un acuerdo con la Defensoría del Pueblo
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dejó sin efecto el llamado a la insurgencia tras firmar un acuerdo con la Defensoría del Pueblo en el que se compromete a deponer la medida de fuerza.
Como se sabe, el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, realizó una declaratoria de insurgencia después de meses de cansadas negociaciones infructuosas con el gobierno aprista, que se resistió a derogar diversos decretos lesivos a los intereses de los pobladores de la selva.
Según la Defensoría del Pueblo, la AIDESEP se comprometió "a dejar sin efecto la referencia hecha al derecho de insurgencia" y "a mantener y desarrollar la protesta dentro del Estado de derecho", y dejan constancia de que los representantes indígenas están abiertos al diálogo con las autoridades del gobierno y el Congreso.
De igual manera, solicitan dejar sin efecto el Estado de Emergencia declarado por el gobierno desde hace una semana en las provincias selváticas de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
AIDESEP reúne a 1200 comunidades indígenas sostuvieron un paro de 37 días para exigir la derogatoria de 9 decretos legislativos que afectan a la amazonía y que fueron promulgados por el gobierno ignorando a las poblaciones nativas, en franca violación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos originarios antes de promulgar cualquier legislación sobre sus territorios ancestrales.
Los decretos son un grave atentado para la ecología, pues permiten la venta de un 60% de los bosques primarios de la amazonía peruana para el cultivo de biocombustibles.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo continuará estudiando si existe inconstitucionalidad en los decretos que originan la disputa entre el gobierno y los nativos, los cuales fueron firmados en el marco del TLC con EE. UU. La Defensoría también se compromete a promover una ley marco sobre el derecho al a consulta, para cumplir con el convenio de la OIT, firmado por Perú, que tiene rango constitucional.
Esta reacción de los pobladores selváticos es una muestra más de la incapacidad del gobierno para prevenir conflictos, pues su prioridades son otras, incluyendo los cuestionables negocios con empresas a las cuales el Presidente de la República invita a Palacio, dando las espaldas a los nativos.
Según la Defensoría del Pueblo, la AIDESEP se comprometió "a dejar sin efecto la referencia hecha al derecho de insurgencia" y "a mantener y desarrollar la protesta dentro del Estado de derecho", y dejan constancia de que los representantes indígenas están abiertos al diálogo con las autoridades del gobierno y el Congreso.
De igual manera, solicitan dejar sin efecto el Estado de Emergencia declarado por el gobierno desde hace una semana en las provincias selváticas de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
AIDESEP reúne a 1200 comunidades indígenas sostuvieron un paro de 37 días para exigir la derogatoria de 9 decretos legislativos que afectan a la amazonía y que fueron promulgados por el gobierno ignorando a las poblaciones nativas, en franca violación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos originarios antes de promulgar cualquier legislación sobre sus territorios ancestrales.
Los decretos son un grave atentado para la ecología, pues permiten la venta de un 60% de los bosques primarios de la amazonía peruana para el cultivo de biocombustibles.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo continuará estudiando si existe inconstitucionalidad en los decretos que originan la disputa entre el gobierno y los nativos, los cuales fueron firmados en el marco del TLC con EE. UU. La Defensoría también se compromete a promover una ley marco sobre el derecho al a consulta, para cumplir con el convenio de la OIT, firmado por Perú, que tiene rango constitucional.
Esta reacción de los pobladores selváticos es una muestra más de la incapacidad del gobierno para prevenir conflictos, pues su prioridades son otras, incluyendo los cuestionables negocios con empresas a las cuales el Presidente de la República invita a Palacio, dando las espaldas a los nativos.
