Sospechosa detención de abogado encargado de asesinatos del primer gobierno de García
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El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a la parte civil en el juicio por Derechos Humanos contra Alberto Fujimori fue víctima de una detención arbitraria hoy en el aeropuerto Jorge Chávez, al regresar de un viaje a los Estados Unidos, según denunció el IDL.
Cuando efectuaba sus trámites migratorios, se le comunicó que existía una orden de arresto contra él, dictada por el 40.° Juzgado Penal de Lima, por el presunto delito contra la fe pública por una supuesta falsificación de documentos, cuyo proceso habría empezado en el 2008 y por el cual nunca fue notificado, afirmó el letrado.
“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más”, declaró Rivera en la División de Requisitorias de La Victoria. “Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado, me extraña que no me hayan notificado, siendo alguien conocido y de quien saben donde trabajo”, declaró a El Comercio.
Abogado a cargo de crímenes de lesa humanidad del primer gobierno de Alan García
Rivera, además de participar en el juicio a Fujimori, se ocupa del caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.
La abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso “La Cantuta”, indicó que es “bastante sospechosa” la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso “Barrios Altos” contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40mo Juzgado para que brinde su declaración.
Un juez con cuestionables antecedentes
El juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más”, declaró Rivera en la División de Requisitorias de La Victoria. “Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado, me extraña que no me hayan notificado, siendo alguien conocido y de quien saben donde trabajo”, declaró a El Comercio.
Abogado a cargo de crímenes de lesa humanidad del primer gobierno de Alan García
Rivera, además de participar en el juicio a Fujimori, se ocupa del caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.
La abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso “La Cantuta”, indicó que es “bastante sospechosa” la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso “Barrios Altos” contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40mo Juzgado para que brinde su declaración.
Un juez con cuestionables antecedentes
El juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
