Organizaciones de pueblos indígenas de México amenazaron hoy con tomar la embajada de Perú en este país “si continúa la masacre contra los pueblos indígenas”, en referencia a los graves disturbios que, según cifras oficiales, ya han causado 34 muertos.
“Somos muchos, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar”, aseguró hoy Abundio Marcos, coordinador continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala; “queremos decirle a Perú que estamos presentes”, enfatizó.
Diversas organizaciones de pueblos indígenas entregaron hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México una carta en la que solicitaron que “cese el genocidio en Perú” y que se respeten los derechos de los pueblos.
Los convocantes de la protesta pidieron al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la creación de una comisión internacional que revise lo que está sucediendo en Perú.
Hace dos meses, el Gobierno de Alan García aprobó una decena de decretos sobre la tierra y el medio ambiente que los indígenas consideraron lesivos para sus derechos, y que fueron aprobados para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Entonces, comenzaron las protestas que llegaron al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio con violentos enfrentamientos y la toma enrehenes en una estación petrolera de la provincia amazónica de Bagua, que se saldaron con 24 policías y 10 indígenas muertos, según cifras oficiales.
Después de mantenerse firme contra las demandas de los indígenas, el pasado lunes el Ejecutivo peruano dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, que regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, e instalar una comisión de trabajo para dialogar al respecto.
Marcos se refirió a las declaraciones del presidente Alan García en las que acusaba a los indígenas de “ser el perro del hortelano, que ni dejan trabajar ni dejan comer”, a las que replicó diciendo que los pueblos originarios no ven las tierras “como algo comercial”.
Por su parte, Mario de Jesús Pascual, del Consejo Mazahua de la Región Almoloya de Juárez, hizo un llamamiento al diálogo, a “sentarse de forma pacífica”.
Recordó que el Gobierno de Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina la protección de “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios” de los pueblos indígenas.
Este tratado define también “la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”, por lo que -según Pascual- el Gobierno peruano debería consultar a los indígenas cuando se quieran explotar los recursos naturales que estén en los territorios que ellos habitan. (Con información de El Comercio)
