Alan García aparece vulnerable en Perú para resto de mandato

Expertos como Gino Costa y Fabian Novak pronostican dos años difíciles si el Presidente no cambia de actitud

El presidente de Perú, Alan García, tendría que hacer más concesiones a opositores para calmar al país en los dos años que resta de su mandato, luego de que tuvo que bajar los brazos y derogar polémicas leyes para sortear la peor protesta de su Gobierno.
Apagado el incendio por el conflicto, García aparece ahora más debilitado, según encuestas, frente a muchos peruanos que se sienten marginados del Estado y en momentos en que la economía del país se desacelera y el enojo social amenaza con socavar su empeño por atraer la inversión extranjera.
 

Las protestas de inicios de junio dejaron 34 policías y nativos amazónicos muertos y la mayoría cree que García manejó mal el conflicto, que le costó nueve puntos porcentuales a la aprobación de su gestión que cayó a un 21 por ciento, la baja mensual más pronunciada desde que tomó el poder en el 2006.

“Los próximos dos años van ser malos porque la crisis económica ya está golpeando y el país aparece fracturado”, dijo Gino Costa, un ex funcionario de la Defensoría del Pueblo de Perú y ministro de Interior durante el gobierno anterior.

“Creo que es necesario un cambio de actitud de parte de Alan García (...) más conciliadora y menos arrogante”, afirmó a Reuters el experto en temas de conflictos.

Los nativos amazónicos lograron tras dos meses de protestas torcer el brazo del Gobierno para eliminar leyes de promoción de la inversión privada en la selva que, según los indígenas, afectaban sus territorios, ricos en recursos naturales.

Pero nuevos focos de protestas brotaron posteriormente esta semana en el centro y sur con bloqueos y marchas de miles de personas, por demandas que van desde mayor inversión social del Estado, aumento de salarios a maestros y hasta el rechazo a la construcción de una central hidroeléctrica por temor a daños ambientales.

A las nuevas protestas en Andahuaylas y Cusco se sumó el “paro cívico” en la ciudad andina La Oroya, donde miles de trabajadores de la mina Doe Run mantienen bloqueada desde el lunes una carretera en busca de atención del Gobierno para evitar el cierre de operaciones de la compañía.

La minería es uno de los motores de la economía del país.

CAMPANAZO DE ALERTA

Las manifestaciones se producen cuando la economía local registró en abril su primera caída mensual en ocho años y la pobreza, cuyo nivel se ha reducido en los últimos años, según datos oficiales, alcanza aún al 36 por ciento de la población.

El primer ministro de Perú, Yehude Simon, afirmó recientemente que planea renunciar en las “próximas semanas” una vez zanjado los conflictos. Su dimisión sería solicitada por el Congreso el miércoles, cuando se presentará convocado por la oposición para explicar su actuación frente a las protestas.

“El Gobierno se enfrenta a una nueva situación que no sabe cómo manejar”, dijo el director de la empresa encuestadora Ipsos Apoyo, Alfredo Torres. “Evidentemente un cambio en el gabinete va a airar (a García), pero creo que es la crisis más grave en los tres años de su Gobierno”, agregó.

García, a diferencia de su primer Gobierno entre 1985 y 1990 cuando intentó estatizar la banca, se ha convertido en un gran promotor de la inversión privada y se ha enfrascado en lograr la firma de pactos de libre mercado con potenciales países, como formas para apuntalar el crecimiento del país.

El mandatario no puede postular para una reelección en los comicios del 2011, según las leyes electorales, pero quiere acabar su período con un buen grado de aprobación para intentar un tercer mandato en las elecciones del 2016, según analistas.

En medio del conflicto, García ha insinuado que gobiernos izquierdistas como el de Venezuela y Bolivia estarían apoyando las protestas en Perú. El presidente boliviano, Evo Morales, un curtido líder indígena en su país, ha rechazado la acusación.

Las consecuencias que traerían las protestas sociales, que según las encuestas cuentan con la aprobación de la mayoría de peruanos, podrían arrinconar a García sobre todo si terminan con más muertos o heridos en la población.

“Lo importante es que estos hechos no se repitan porque si repetimos esto nos puede generar impactos negativos múltiples, no sólo en la inversión”, advirtió Fabián Novak, profesor de derecho internacional en la Universidad Católica de Lima.

Novak afirmó que hasta ahora los inversionistas se guían, más que por las protestas, por el buen fundamento de la economía local a la hora de decidir poner en marcha un proyecto en el país sudamericano.

Perú registró el año pasado una expansión económica del 9,8 por ciento, una de las tasas más altas del mundo, beneficiado por el alza de los precios de los minerales. Para este año, el Gobierno ha revisado su proyección a un 3,4 por ciento. (Con información de El Comercio)