Tras su derrota electoral, en su afán de sabotear el proceso electoral al verse perdida además porque la Fiscalía ha pedido para ella 30 años de prisión, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori preparó una artillería de desenfrenados ataques contra las instituciones electorales, y hasta al propio Poder Ejecutivo, pero arremetió especialmente contra ciudadanos de zonas rurales alejadas acusándolos de “fraude” electoral por firmas falsas y suplantación, posiblemente pensando en que por ser de zonas tan lejanas no reacionarían pero son delitos muy graves y ya están teniendo respuesta.
Uno a uno los ciudadanos acusados por Fujimori salen a hacerle frente y desbaratar sus argucias y esta vez la ciudadana
Shirley Apaza Quispe presentó una querella por difamación agravada contra Fujimori y al financista David Chlimper Ackerman.
La denuncia ha sido interpuesta en Puno por los presuntos delitos de difamación agravada y calumnia, por atribuir, a través de su equipo legal, una supuesta suplantación en el caso de una ciudadana que cumplió con su deber como miembro de mesa en las elecciones de segunda vuelta del 6 de junio.
La señora Apaza pertenece a la comunidad campesina San Antonio de Umayo, del distrito de Atuncolla (Puno). Según relata en la querella, ella acudió en forma normal a cumplir con sus deberes en la mesa número 069697 de la institución educativa 70009 Virgen del Carmen.
“Me atribuyeron falsamente haber cometido el delito de falsificación de firmas, una presunta suplantación de identidad y haber cometido fraude electoral”, expresa Shirley Apaza en la denuncia presentada el pasado 24 de junio, ante el Juzgado Especializado en lo Penal de Puno, informa Diario Uno.
En el escrito además destaca que el recurso de nulidad tramitado por Fuerza Popular obra en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones y es de acceso público, por lo cual el caso fue difundido ampliamente entre la población.
Shirley Apaza subraya: “Yo participé como miembro en la referida mesa de sufragio, habiendo sido designado por la ONPE, y las firmas que aparecen en el acta electoral cuya nulidad se ha solicitado, corresponden a mi persona y es de mi puño y letra, yo misma he firmado esas actas electorales, en el momento de la instalación, sufragio y escrutinio”.
La demanda señala que el recurso de nulidad de Fuerza Popular ha afectado gravemente su honor y la de su familia. “(Los hechos) han motivado ser objeto de estigma social en mi entorno social de mi familia y vecinos”, indica.
Shirley Apaza explica además la supuesta disimilitud en la firma que puso en el acta: “se debe al hecho de que casi nunca firmo documentos, tampoco tengo la necesidad de hacerlo por mi condición de vida que llevo, soy campesina agricultora y no hago uso de mi firma de manera constante”.
Lo cual es verdad, pues muchas veces las personas no firman exactamente igual que en su DNI, unas veces por distracción, otras por no ser habitual firmar, y otras veces por firmar con prisa.
Además de Keiko Fujimori, se denuncia a Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular. Asimismo, la ciudadana Shirley Apaza agrega en su denuncia a David Chlimper Ackerman, en calidad de cómplice primario, por ser quien pagó la tasa de 1100 soles por este trámite, según dio a conocer en su momento La República.
Como se recuerda, Chlimper es investigado también por entregar US$210 mil a RPP durante una campaña electoral de Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”.
En la querella, la ciudadana Shirley Apaza pide una reparación civil de 200.000 soles para ella y su familia, la misma que tendría que ser asumida también por el partido Fuerza Popular como tercero civil responsable.
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