No va más uno de los impresentables sujetos que se habían instalado como ministros en el gabinete presidido por Guido Bellido. Se trata de Iber Maraví, ministro de Trabajo.
Maraví se reunió hoy con Bellido en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, tras lo cual se conoció por algunos medios que Bellido le pidió la renuncia, entre ellos, La República.
Diversos medios habían alertado previamente que Maraví figura en varios atestados policiales sobre terrorismo, hecho que con descaro era minimizado por Maraví diciendo que no tiene sentencia, es decir, igual que Keiko Fujimori, quien pretendía el más alto cargo, la Presidencia, pese a las investigaciones sobre delitos graves de corrupción.
A pesar de conocerse sobre estos hechos, Bellido no reaccionaba y sin respeto a la ciudadanía se presentó a pedir el voto de confianza para su gabinete llevando a sujetos como Maraví.
Falta limpiar el gabinete
El gabinete debe limpiarse, además comenzando con el propio Bellido, por las investigaciones que tiene, relacionadas con el terrorismo. Siendo jefe de gabinete, en lugar de admitir que hay ministros que nunca debieron ser designados por sus antecedentes, Bellido demuestra no tener educación ni decoro al retar al Congreso a presentar cuestiones de confianza si censuran a algún ministro. La cabeza está podrida y Bellido debe dejar el cargo cuanto antes.
Otro impresentable es el ministro “combi pirata” Juan Silva. Sancionado en flagrancia por conducir un vehículo en el cual arriesgaba la vida de pasajeros sin tener autorización. No sólo eso, no tiene estudios ni experiencia relacionada con el ministerio que le han encargado, Transportes, Como si fuese poco, fue denunciado por agresión contra la mujer.
Se cuestiona también al ministro de Defensa Walter Ayala por haber sido dado de baja en la Policía hace décadas por presunto favorecimiento a un delincuente, hecho negado por él asegurando que logró su reposición, tras lo cual renunción. No obstante, sus acusadores dicen que miente. Ayala debería mostrar los documentos que acreditan su reposición y su inocencia.
La ministra Anahí Durand tiene como antecedente haber firmado una carta en favor del terrorista del MRTA Víctor Polay. Debería estar afuera.
A Dina Boluarte, ministra de Inclusión y vicepresidente, se le acusa de peculado, caso que ella debe aclarar o renunciar.
Contra el ministro del Interior Juan Carrasco se argumenta que no renunció de forma correcta a su cargo de fiscal antes de juar en el cargo ministerial. Debe subsanar dicho trámite, pero de comprobarse los errores no se trata de asuntos graves. Lo acusan de intentar influir en investigaciones contra políticos, hecho que él niega.
Situación es culpa del aprofujimorismo y otros políticos
La presencia de sujetos investigados en altos cargos es culpa de los políticos, principalemte los protagonistas de las últimas décadas, como los fujimoristas, apristas, humalistas, etc., quienes tampoco tienen decoro y no quisieron prohibir que personas investigadas postulen a cargos de elección pública, como presidente, congresista, gobernador regional o alcalde.
Así las cosas, por ejemplo Keiko Fujimori ensució la política postulando pese a que las imputaciones de corrupción contra ella son tan serias que el Poder Judicial ordenó prisión preventiva.
Además, no sólo debería considerarse delitos dolosos, sino culposos dentro de las restricciones para evitar que se instalen en altos cargos personas cuyo lugar debería ser tal vez la cárcel. Un alto funcionario no tiene por qué ser un sospechoso de haber cometido alguna clase de delito, sino tienen que ser personas libres de todo antecedente probado o de indicios razonables que apunten a la comisión de un delito, aunque el proceso no haya comenzado ni se haya emitido sentencia.
