La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido comprendida en la investigación por presunto lavado de activos por haber recaudado fondos para las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre.
Otro investigado es Braulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según El Comercio.
El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas Gómez, señala ambos funcionarios afiliados a Perú Libre abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú (BCP) y que dichos aportes serían ilícitos.
Los aportantes eran todos trabajadores contratados en el régimen CAS por del Gobierno Regional (GORE) de Junín depositaban en la cuenta S/100 mensuales destinados a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, por su sentencia por corrupción.
Para la inclusión de Dina Boluarte en el caso la Fiscalía tomó las declaraciones de colaboradores eficaces y a la nueva evidencia encontrada en la investigación de Los Dinámicos del Centro, organización integrada por miembros de Perú Libre y otros partidos, quienes cobraban coimas para otorgar licencias de conducir.
Según Grajeda, el comité regional de Lima de Perú Libre hizo una colecta voluntaria para ayudar a Vladimir Cerrón y por eso se abrió una cuenta en el BCP.
Dina Boluarte dijo el mes pasado que la finalidad de la cuenta mancomunada era “colaborar y apoyar con el pago de la reparación civil del secretario general de Perú Libre y evitar que vaya a prisión”.
Entre los investigados se encuentran Vladimir Cerrón; su madre, Bertha Rojas; el exprimer ministro Guido Bellido, Richard Rojas García, el congresista Waldemar Cerrón, como persona jurídica el partido político Perú Libre, entre otros dirigentes.
Un aspirante a colaborador eficaz señaló que la recaudación del dinero era “orden” de la cúpula de Perú Libre" a nivel nacional. A través de los diversos grupos de WhatsApp del partido, se difundía el número de cuenta a nombre de Dina Boluarte y Braulio Grajeda. Los trabajadores CAS tenían que aportar S/100, pero los funcionarios debían de dar un monto mucho mayor.
“De los pagos efectuados en la suma de S/100 a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar, tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor. Algunos S/10.000, que provenían de coimas que pagaban los usuarios para la obtención de sus licencias de conducir, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, etc., que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figuren sus verdaderos nombres”, dijo.
