Benavides llegó a la cabeza del Ministerio Público y las investigaciones contra magistrados empezaron a tambalear. Las cuestionadas decisiones de la fiscal de la Nación no solo beneficiarían a investigados en caso Cuellos Blancos y a su hermana acusada de liberar narcos, sino también a una presunta red criminal conformada por magistrados en Amazonas.
En medio de las renuncias de fiscales al Ministerio Público, en rechazo a las cuestionadas decisiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, advirtió que la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, no solo hace tambalear la investigación contra la hermana de la fiscal, Enma Bevanides (acusada de cobrar coimas para liberar a narcotraficantes), sino que también debilita seriamente a una investigación de mayor magnitud en el distrito judicial de Amazonas.
Al respecto, recordó que Revilla investigó desde el 2020 a José Celestino Novoa Vásquez, que era fiscal superior adjunto de Utcubamba, por actos de corrupción. Ese mismo año, tras una tentativa de violación por parte de Novoa contra una sobrina suya, y la posterior denuncia de la presunta víctima frente al archivamiento inexplicable del caso, se fueron descubriendo otros casos de posible corrupción en el sistema de justicia y con la participación de presidentes de Juntas de Fiscales, presidentes de cortes superiores, jueces de investigacion preparatoria en lo civil, y estudios de abogados, entre otros.
Entre los casos mencionados como ejemplo, Quispe citó el de los Cuellos Verdes del Milagro, “que involucra a efectivos del ejército por delitos de corrupción, y donde la jueza les daba prisión preventiva por un tiempo y luego salían”. “La doctora revilla logró acopiar información dada por testigos con clave reservada, y conseguida por los mismos miembros de la Diviac, en donde se acumularon 15 casos. Entonces ya pasó a denominarse no un caso de corrupción sino una presunta organización criminal enquistada en el distrito fiscal y judicial de Amazonas”.
“Entonces no es solo el caso de su hermana, sino el de esta presunta organización criminal que involucra también a autoridades locales y que se puede asemejar al de los Cuellos Blancos del Puerto”, indicó.
EXFISCALES ACUSAN
Entre los renunciantes al Ministerio Público se cuenta al hoy exfiscal Martín Salas Zegarra, quien en un pronunciamiento en redes sociales marcó distancia de su hermano, el ministro de Trabajo Alejandro Salas, y señaló que todo aquel que hubiere cometido un delito, aún si fuese el caso de su familia, tiene que ser investigado y sancionado de acuerdo a ley.
Pero el exfiscal Salas evidenció los motivos de su alejamiento del Ministerio Público, al advertir a sus colegas fiscales que “tengan mucha observación de lo que sucede no solo en el Perú, sino en nuestra propia institución”. “Estamos viendo movimientos extraños dentro de la institución. La nueva gestión está haciendo algunas movidas estratégicas al parecer nada favorables para los intereses de la sociedad y presuntamente favorables a sus propios intereses en perjuicio de la justicia”, dijo.
Salas también refirió que la actual gestión separó a la fiscal de la Nación separó “al fiscal más comprometido en la lucha contra la corrupción (Pablo Sánchez), que no solo era el coordinador general del equipo Cuellos Blancos, sino que era el fiscal encargado de ver el caso de la hermana de la Nación en segunda instancia, instancia que ahora la vera la propia Fiscalía de la Nación. No sé si ustedes creen en las coincidencias, para mi las coincidencias no existen y todo ocurre por algo”, advirtió.
Sobre esto, Quispe destacó que el exfiscal Salas no ha sido removido, sino ha renunciado al ver las irregularidades que estaría cometiendo la fiscal Benavides.
“Un fiscal honesto que lamentablemente pierde el Ministerio Público por las acciones extrañas que realiza la fiscal de la Nación, como enviar a Huancayo al fiscal Frank Almanza, retirándolo del caso Sánchez paredes en pleno juicio oral. Imagínese que el nuevo fiscal en una semana tenga que revisar cientos de tomos. Eso es destruir un proceso penal en perjuicio de la propia institución fiscal”.
¿Que lucha contra la corrupción se realiza si más bien se está sacando a fiscales que luchan contra la corrupción de los funcionarios públicos? Poner a fiscales civiles en casos penales es la peor aberración que puede cometer una magistrada en el cargo de fiscal de la Nación”, apuntó.
JNJ MIRA PARA OTRO LADO
Por otro lado, el letrado señaló que “un reclamo que se hace a la Junta Nacional de Justicia es que de oficio no ha iniciado ninguna investigación contra la fiscal de la Nación. Ha debido iniciar una investigación administrativa disciplinaria porque ella misma dijo que de ser elegida fiscal suprema no iba a intervenir en el caso de sus familiares, y lo primero que ha hecho es remover a la fiscal que investiga a su hermana”.
“Eso se llama obstrucción a la investigación, porque una fiscal nueva tiene que empaparse de toda la información, y una fiscal civilista no va a comprender el derecho penal…La JNJ es el ente que debe actuar pero no lo está haciendo”, concluyó.
Con información de Diario Uno, 14.08.2022
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