Traidicionalmente el fujimorismo es promotor del vicio de casinos y tragamonedas mediante diversas leyes en medio de denuncias de financiación no declarada, o precoima, de estas empresas a las campañas electorales fujimoristas. Ahora Avanza País parece tomar la posta, seguros de contar con el respaldo fujimorista.
Los casinos son conocidos por ser actividades de alto riesgo para lavado de activos provenientes de diversos delitos, como el narcotráfico, la trata, el contrabando, el tráfico de armas, entre otro, por ello, por ejemplo en los Estados Unidos varios estados prohibieron su instalación, como Alaska, Tennessee, Utah, Vermont o Virginia, que desean tener a las mafias alejadas de su territorio y pululando en estos locales.
No sólo eso, mucha gente que apuesta cae en la adicción al juego, arrastrandoa la desgracia a su familia, hay casos de jugadores que no sólo pierden su patrimonio, sino que quedan endeudados.
Por ello, los políticos deberían prohibir los casinos tanto en locales como en línea, pero como no suben al poder para procurar el bien común, sino sus propios intereses, los vemos desesperados presentando proyectos de ley para favorecer a estas actividades.
Ahora la promotora es Patricia Chirinos, de Avanza País, quien en octubre de 2021 lanzó el PL 536-2021 para mutilar la recaudación del impuesto selectivo al consumo, en consonancia con lobbies de empresas de gaseosas, vehículos, combustibles, casinos y tragamonedas.
Dicho proyecto de ley continuó diversos trámites en el Congreso y este 15 de noviembre sus valedores pretenden imponerlo en el Pleno para quitar millones de ingresos al Estado para favorecer a actividades cuestionables y arrebatar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que perdería su potestad para fijar el monto del impuesto selectivo al consumo (ISC).
El ISC se creó para desalentar el consumo de un productos que son o pueden ser nocivos para la salud, el ambiente y la sociedad, como los relacionados con vicios, como el tabaco, el alcoholismo, la obesidad por el excesivo consumo de azúcar de gaseosas; o la contaminación que causan los motores a combustión, tractores, vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
La ley establece que los primeros días de cada año el monto del ISC es actualizado en función del índice de precios al consumidor, y si un bien gravado experimenta un incremento mayor de 1% al año en su precio final, se sube el ISC con el fin de recuperar la carga tributaria. Es esta función técnica la que el Congreso tiene apetito por usurpar con el PL 536-2021.
En su trámite, dicho PL uenta con dictamen favorable en las comisiones de Economía, de Constitución y Reglamento, cómo no, con el respaldo fujimorista, de Hernando Guerra-García, presidente de ésta comisión.
Corrupción
Como ya se ha visto, Keiko Fujimori está procesada por recibir precoimas de empresas en su campaña electoral a cambio de futuros favores si llegaba al gobierno o desde el Congreso a través de los legisladores de su partido, pues cuando se trata de favorecer a algún interés votan en bloque, en consonancia con lo denunciado por la Fiscalía.
Una de las denuncias señala que una de las empresas que entregaba dinero a Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, era la del “rey de los casinos”. Este dinero no lo declaraban a la ONPE, incurriendo en presunto lavado de activos.
Según el último reporte sobre la recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el ISC registró un incremento de 4,7%, con pagos por S/843 millones solo en el mes de setiembre, según cita La República, cifra que constituye un buen indicador del desempeño de la demanda interna y la recuperación en la recaudación, luego de que dejara de estar vigente el DS 068-2022-EF, que excluyó a los combustibles menores de 95 octanos y diésel de la lista de bienes sujetos al ISC y cuyo impacto se sintió hasta julio.
La Sunat ya ha advertido que en 2023 el Estado dejará de percibir S/20.354 millones, equivalente al 2% del PBI, por concepto de exoneraciones o incentivos tributarios.
Con esa norma, el Gobierno estará obligado a pedir facultades legislativas al Congreso para cambiar tasas y montos del IGV y del ISC y allí tendremos a los lobbistas con empresas que previamente habrían llenado sus bolsillos.
Los lobbies campean en el Congreso
Que los lobbistas o coimeantes están muy activos lo prueba el último pleno del Congreso, donde la mayoría traicionó al Perú y blindaron a la sucia empresa Repsol por la catástrofe ambiental que causó con el derrame de petróleo en Ventanilla.
