Al voto impedimento para postular a cargos de elección popular solamente a condenados por terrorismo y violación sexual entre otros delitos graves
El Congreso vuelve a discutir los impedimentos para postular a cargos de elección popular, y, como no podía ser de otra manera con esta clase de parlamentarios, buscan que sólo se aplique el impedimento para aquellos sujetos que hayan perpetrado delitos graves, como terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, violación sexual, homicidio y trata de personas, “hasta 20 años después de haber sido rehabilitados”.
Esto quiere decir que podrían postular rateros, estafadores, acosadores sexuales, agresores de sus parejas o de otras personas, sentenciados o no, empresarios que se burlan de la Sunat al no pagar sus tributos, inquilinos que explotan ancianos al no pagarles sus alquileres, sujetos que orinan en lugares públicos, asesinos que han matado o dejado herida a gente por conducir en estado de embriaguez, sujetos que burlaron las normas de la pandemia, sujetos que protagonizan escándalos públicos en borracheras, etc.
Como los actuales legisladores son de condición casi lumpenesca, buscan que se perpetúen en cargos públicos personas sin ética ni moral, es decir, como ellos, por lo cual la ciudadanía debe exigir que no sólo se incluyan delitos graves y dolosos, sino delitos culposos, además de una serie de faltas que deberían ser impedimento, pues este tipo de escoria no debería dirigir nuestros destinos.
¿Sólo sentenciados?
Además, las normas actuales sólo preven que los impedimentos existentes sean por delitos con sentencia, lo cual favorece a la delincuencia y gente de mal vivir, porque en el Perú los juicios pueden durar décadas, mientras tanto, el lumpen puede enquistarse en cargos públicos y tejer redes mafiosas asfixiando el Estado e impidiendo que gente honesta labore en instituciones públicas.
Para evitarlo, no solo deberían estar impedidos los sujetos sentenciados sino aquellos que cuentan con denuncia fiscal con pedido de sentencia o prisión, ya sea definitiva o preliminar.
Si bien es cierto que puede haber gente malintencionada que realice denuncias falsas, el filtro debería ser la Fiscalía, pues si la denuncia es recogida y revisada por un fiscal, quien argumenta ante el juez un pedido de prisión preliminar o definitiva, esto significa que hay alta probabilidad de la culpabilidad del sujeto, hecho que los corruptos no quieren aceptar porque ello implicaría impedimento para los presuntos delincuentes de sus partidos, como Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, quien tiene en su haber pedidos fiscales de prisión y no sentencias.
