Los familiares de las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, mostraron indignación, debido a que la Fiscalía de la Nación creó una Fiscalía Especial para investigar las muertes de sus seres queridos. Aseguran que dicha medida “es un despropósito que tiene por finalidad la impunidad”.
Este joven ayacuchano no estaba en ninguna protesta y fue llamado con alevosía por un militar, quien le disparó a matar estando a pocos metros.
El pronunciamiento lo hicieron en una conferencia de prensa en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lima, a donde asistieron representantes de las víctimas de las masacres en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, La Libertad y Lima.
Foto: Diario UNO.
Raúl Samillán, hermano de Marco Samillán, médico asesinado en Juliaca cuando asistía a heridos de la represión, indicó que la creación de esta fiscalía Ad Hoc, “es una estrategia dilatoria” ya que se trata de la cuarta vez que cambian de fiscales a cargo de estas investigaciones. Primero fue la Fiscalía de Crimen Organizado, luego la Fiscalía Penal, para después crear una fiscalía de Derechos Humanos a la que trasladaron los casos y ahora una cuarta instancia en Lima.
“Nos preocupa. No estamos de acuerdo porque en ningún momento nos han consultado”, dijo Samillán.
Otra de las causas por las rechazan la ceración de esta fiscalía especializada, es porque estas investigaciones se centralizarán en Lima, perjudicando a los deudos, quienes tendrían que trasladarse desde sus comunidades en 7 regiones del país y permanecer de manera indefinida en Lima. “Muchos de los familiares de las víctimas son de condiciones humildes y no van a poder darle el seguimiento de sus casos”, señaló Samillán.
A su turno, Ruth Bárcena, esposa de uno de los fallecidos de la masacre en Ayacucho fue enfática en señalar que con esta medida se “Traen (a Lima) los casos con el fin de desaparecerlos. Los asesinatos no se dieron en Lima, se dieron en Ayacucho”, explicó.
La delegación de familiares estuvo acompañada por el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, quien también cuestionó la decisión de la Fiscal de la Nación, debido a que, del equipo conformado por 10 fiscales, sólo 1 tiene experiencia en investigaciones por casos de violación de Derechos Humanos “Los demás son fiscales dedicados a casos comunes y no van a abastecerse para poder investigar la gran cantidad de carpetas fiscales de 7 regiones del país”, declaró.
Para Rivera también es preocupante, porque sabiendo de la posición de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavidez, teme que las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola, queden de lado, más aún cuando estas denuncias ya tienen tres meses y hasta la fecha no tienen ningún avance.
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