Como si el Perú no tuviese ya demasiado con el avance del delito, ahora la bancada fujimorista, como si fuese el brazo político de los delincuentes, está promoviendo un proyecto de ley para obstruir la acción de la justicia de modo que tenga muchas dificultades para que el Estado obtenga el dominio de las propiedades incautadas a quienes hayan perpetrado delitos de apropiación ilícita.
Es intolerable que sujetos que han logrado acceder al cargo de congresista, en lugar de presentar iniciativas legales para el desarrollo del Perú, se dediquen a actuar en favor del hampa.
Con ese fin, la bancada fujimorista presentó el Proyecto de Ley N.º 3577/2022-CR, que pretende reducir los alcances de la extinción de dominio de bienes en caso de apropiación ilícita, que el Poder Judicial la define como una consecuencia jurídica en la que el Estado pasa a ser el titular de los inmuebles, previa sentencia.
El asqueroso proyecto de ley tiene como principales promotoras a Patricia Juárez, Rosangella Barbarán, Juan Carlos Lizarzaburu y otros, quienes pretenden modificar el Decreto Legislativo 1373, de 2018.
Esos impresentables pretenden agregar tres considerandos a la aplicación de la medida: solo se podría intervenir cuando exista una culpabilidad penal y en los casos de organización criminal. Si el indagado murió, se anula el dominio de bienes.
El texto dice sobre el primer punto: “Si bien la figura de la extinción de dominio es un proceso independiente y autónomo del proceso penal, es importante que como figura contra el crimen organizado cumpla con la naturaleza de responsabilidad penal, la cual se basa en requerir la figura de la culpabilidad dentro de la acción”.
Sobre lo segundo: “La persona que ejecuta la acción que da lugar al inicio al proceso de extinción de dominio (sic) debe pertenecer a una organización criminal y mediante su accionar delictivo debe generar ganancias pecuniarias, generando pérdidas a los ciudadanos y al Estado peruano”. Ni siquiera saben redactar y emplean con ignorancia la palabar “accionar”-
Ante dicha pretensión de obstruir la acción de la justicia, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, envió un oficio al Congreso advirtiendo que dicho proyecto “Va a significar un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el lavado de activos, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas que sin ser delito generan patrimonios obtenidos fuera de los límites de la ley”, escribió, citado por La República.
Alertó que ello “va a significar un retroceso en los logros que viene alcanzando el Subsistema de Extinción de Dominio en la lucha contra la criminalidad organizada”. Si se aprueba, “se dejaría sin presupuesto al Ministerio Público para cumplir los objetivos trazados en la recuperación del patrimonio ilícito”.
