El Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento para iniciar juicio contra la cabecilla del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

 

senora K billetes

Keiko Fujimori, acusada de recibir dinero (precoimas) de empresarios delincuenciales para favorecerlos en caso de ser elegida presidente o con sus congresistas sometidos mediante leyes que los favorezcan en perjuicio del Perú.

La orden fue firmada este viernes 1.˚ de diciembre por el  juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró la “validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida”, según indica el documento.

En este caso la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para ella por los supuestos aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 (caso cócteles).

Como se sabe empresarios delincuenciales, incluyendo los ladrones brasileños de Odebrecht entregaron dinero para la campaña electoral de Fuerza Popular con la finalidad de ser favorecido con contratos del Ejecutivo si Keiko Fujimori resultaba elegida presidente o para, mediante sus congresistas sometidos, aprobar leyes que favorezcan a estas empresas delincuenciales en perjuicio del Perú.

Junto con la “señora K”, deberán responder a la justicia otros miembros de la camarilla de Fuerza Popular que la rodean, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes la Fiscalía solicitó de 30 años y 10 meses de prisión. Para otros 32 acusados fujimoristas se solicitó penas desde los seis a los 22 años de cárcel.

No sólo personas, sino el partido fujimorista y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de Mark Vitto Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, también están comprendidos en este caso.

El magistrado Víctor Zúñiga dispuso que, de conformidad con el artículo 28.° inciso 1 del Código Procesal Penal, se remita la causa al Juzgado Penal Colegiado Nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley.