Tras la excarcelación del dictador Alberto Fujimori con una resolución del TC con el voto de sólo tres integrantes del Tribunal Constitucional (TC), los ministro de Justicia Eduardo Arana Ysa, y el de Relaciones Exteriores Javier Gálvez, justificaron públicamente al TC, pese a que han desacatado lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) poniendo al Perú en situación de paria, pues firma convenios internacionales para no cumplirlos.
Ministros de Justicia Eduardo Arana Ysa, y de Relaciones Exteriores Javier Gálvez en esperpéntica y contradictoria presentación
Como se sabe, tras la resolución del TC que ordenaba la libertad de Fujimori, la CIDH solicitó al gobierno abstenerse de ejecutar dicha liberación, pero el ejecutivo hizo caso omiso, lo cual apuntaría a un negociado del gobierno con el Ejecutivo, cuya cabeza, Dina Boluarte, no quiere hasta ahora pronunciarse.
“A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori“, dijo el ministro Arana.
El canciller Javier Olaechea alegó que, pese a la resolución del TC, presuntamente prevaricadora, el Perú respeta los acuerdos internacionales y aseguró que en el gobierno de Boluarte no consideran que la decisión de obedecer al TC en lugar de un organismo supranacional como la CIDH, con la cual se suscribió un convenio, se el respeto a dichos acuerdos internacionales.
“Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los Derechos Humanos, regional y universal, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, de modo alguno, desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales ni del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Por tal virtud, ratificamos al Perú a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que garantiza la defensa a la persona humana y el respeto a su dignidad”, fueron sus esquizofrénicas declaraciones.
