La Justicia peruana reanudó este jueves el juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el llamado caso Pativilca, que investiga el asesinato de seis campesinos durante su mandato.
“Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria continúa con audiencia de juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori y otros acusados por homicidio, asesinato y desaparición forzada – Casos: Caraqueño (Pativilca) – La Cantuta”, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
Posteriormente, la entidad informó en otro mensaje que la jueza Miluska Cano programó la próxima audiencia del juicio oral para el jueves 11 de enero, a las 09:00 hora local (12:00 GMT).
El 29 de enero de 1992, seis campesinos fueron asesinados en la localidad de Pativilca a manos del Grupo Colina.
El Grupo Colina fue un comando paramilitar que según la fiscalía estaba bajo órdenes de Fujimori y tenía como función combatir al grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso.
El comando los asesinó presuntamente por creer que eran miembros de Sendero Luminoso.
FISCALÍA
La fiscalía pide que Fujimori sea condenado a 25 años de prisión por el homicidio y la desaparición forzada de estos seis campesinos, informó el diario El Comercio.
La fiscalía entiende que bajo su autoridad presidencial, Fujimori dio órdenes al Grupo Colina para la eliminación de presuntos terroristas.
Por este caso también están procesados el exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y los integrantes del Grupo Colina que participaron de la masacre.
El juicio oral inició el 18 de diciembre, 12 días después de que Fujimori fue excarcelado tras una orden del Tribunal Constitucional que ignoraba un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sugería no liberar al exmandatario, de 85 años.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, en las que fueron asesinadas 25 personas, así como también por los secuestros de un periodista y de un empresario en 1992.
La Corte IDH resolvió el 21 de diciembre que el Estado peruano incurrió en un “desacato” del fallo del organismo que instaba a no liberar al expresidente.
Con información de Sputnik
