En el Poder Judicial (PJ) se ventila uno de los capítulos más nauseabundos de la historia delincuencial del Congreso. Se trata del excongresista Freddy Díaz. Esta vez el Poder Judicial dispuso que se continúe con el trámite de la audiencia de control de la acusación de 20 años de prisión que presentó la Fiscalía contra este sujeto, que cumple prisión preventiva por la presunta violación sexual de una trabajadora de su despacho.
El PJ continúa el proceso al rechazar pedido de Díaz para que se archive la acusación fiscal presentada en contra de él y el proceso penal que se le abrió por la denuncia de una trabajadora de su despacho, quien lo acusó de violación sexual, en julio de 2022.
A cargo del caso se encuentra el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada la solicitud de Díaz para que se dispusiera el sobreseimiento o archivo de este proceso penal, argumentando que no se cumple con el estándar de sospecha suficiente que se requiere para acusar y emitir una resolución que autorice el inicio de un juicio oral por este caso.
El pedido de Díaz aduce que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento de su patrocinado tras resaltar que los médicos legistas que hicieron una pericia a la agraviada determinaron en su certificado que no es posible establecer que las lesiones presentadas obedezcan por exclusividad a un delito de violencia sexual.
Checkley Soria desestimó estos argumentos, al determinar que en este proceso penal se tiene la declaración de la agraviada como prueba anticipada, la cual, según la jurisprudencia y acuerdos plenarios de la Corte Suprema, es considerada prueba válida de cargo de especial relevancia en estos casos.
Sobre las pericias médicas que sustentan la acusación, Díaz alega que no acreditan violencia física y desvirtúan la tesis fiscal, por lo que deben ser sometidas a un debate entre las partes, al igual que las declaraciones de testigos, para determinar su validez dentro de este proceso penal.
El juez supremo Checkley Soria, al rechazar los alegatos de Díaz, dispuso continuar con el trámite de la audiencia de control de la acusación de 20 años de prisión que presentó la Fiscalía contra el acusado, quien se encuentra en el Penal de Lurigancho hasta que el juez determine los años de que le correspondería cumplir.
