El Gobierno buscará replicar la infraestructura carcelaria desarrollada en El Salvador- “eficiente y moderna”, informó este jueves el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola.
“Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú”, declaró a la prensa.
Señaló que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, intercambió en El Salvador en los últimos días experiencias sobre políticas públicas en reforma de justicia y políticas penitenciarias. En dicho país dialogó con su homólogo salvadoreño y otras autoridades, además de visitar prisiones y sostener reuniones respecto a esa infraestructura carcelaria que, para Alberto Otárola, “es eficiente y moderna y funciona”.
“Queremos penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos”, dijo Otárola, quien había manifestado hace unos días que el Gobierno peruano aspira a replicar el modelo de prisiones de El Salvador, cuya logística aseguró “se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos”.
En el Perú hay unos 100,000 presos, la mitad de ellos sin sentencia, y al Gobierno le “preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión”.
En El Salvador, desde marzo de 2022 se ha detenido a más de 75.100 personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional, de acuerdo con los datos oficiales.
Algunas organizaciones llamadas de derechos humanos cuestionan la política anticriminal del presidente Nayib Bukele por presuntamente no ajustarse al respeto de los derechos humanos, a lo cual Bukele replica que más importantes son los derechos humanos de los ciudadanos que de los delincuentes.
Las estadísticas de El Salvador indican que en 2023 se cerró el año con la tasa más baja de criminalidad en América Latina, con 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
