Proyecto es del impresentable congresista Luis Cordero Jon Tay

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechaza el proyecto de ley para silenciar a la prensa con el pretexto de garantizar el principio de reserva del proceso de colaboración eficaz, pero en  realidad, sostienen, sería una mordaza encubierta al tipificar el delito de difusión de la información, con lo cual el Congreso favorecería una vez más a la corrupción.

 

mordaza

Mediante un comunicado, el CPP advierte que el proyecto “busca evitar que información de interés público —comprendida en un proceso de investigación vía colaboración eficaz— llegue a la ciudadanía. De publicarse información de un determinado proceso, por ejemplo, un caso de corrupción, a los medios de comunicación, el fiscal a cargo podría afrontar cargos administrativos y penales, incluso si no es este quien los transmite. Lo mismo podría suceder con quien esté comprendido en una investigación y comparta la información a un periodista”.

Según el proyecto, el fiscal a cargo del proceso especial de colaboración eficaz es el encargado de garantizar la vigencia del principio de reserva y, además, responsable funcional por cualquier filtración que se realice durante la investigación. De producirse alguna filtración, se iniciará “de oficio” un proceso disciplinario.

Por estas características del proyecto, el CPP solicita el archivamiento de dicho planteamiento del Congreso.

“La iniciativa busca, además, que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio. A todas luces un absurdo, pues la prensa en repetidas ocasiones ha hecho destapes que han sido determinantes para desentrañar corruptelas en el poder, como al presentarle a la ciudadanía los vladivideos en el año 2000”, recuerda la institución.

Jon Tay propone que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio por sí mismas, por lo que requerirán de otras “pruebas fiables y suficientes” para que puedan ser valoradas durante un juicio.

“Durante los últimos años hemos sido testigos de una actividad inusual por parte de los operadores de justicia, quienes han evidenciado una tendencia a declarar muchas veces más en las pantallas que en los propios tribunales, y esto se ha dado, debido a una serie de información propia de la actividad fiscal que termina filtrándose en medios de comunicación…”, argumenta Jon Tay.