Asegura El Comercio
Depósitos de más de un millón de soles figuran en las cuentas bancarias de la presidente Dina Boluarte durante seis años, de 2016 a 2022, periodo en el cual la ahora mandataria fue funcionaria de Reniec (2016), candidata a la alcaldía de Surquillo (2018), a la vicepresidencia de la República (2021) y ministra de Inclusión en el gabinete de Pedro Castillo, según publica El Comercio a partir de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El reporte, publicado por dicho diario este domingo, indica que la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) detectó “movimientos sospechosos” en las cuentas bancarias Boluartae de agosto de 2016 a agosto de 2022. Son “numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce”, dice el informe.
Los referidos abonos fueron realizados a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas, por un total de S/ 1’097,200 soles y US$2,200, según el reporte de la UIF.
La mayor parte de ese dinero fue abonado a Boluarte cuando era candidata a la alcaldía de Surquillo, 133 abonos por S/296,857. No obstante, en la declaración jurada sobre bienes y rentas que presentó ante el JNE en ese año, señaló ingresos por S/73,200, su vivienda en Surquillo por S/360,135 y su vehículo por S/85,410, por lo que resta explicar cerca de S/ 300 mil.
En las hojas de vida que presentó ante el JNE durante las elecciones en que participó, Boluarte Zegarra declaró que en 2017 tuvo ingresos por S/54 mil; en 2018, por S/73 200; y en 2019, por S/66 520.
En su declaración jurada del 2023, Boluarte declara ingresos en bienes por 462,968 soles y otros ingresos no especificados por 593,347 soles. Además de su remuneración mensual de presidente de la República, de 16 000 soles.
En el rubro “otros ingresos” de 2023 declaró más que en 2022, ejerciendo el cargo de vicepresidente y presidente, que ascendía a S/468 980; mientras que en 2021, en el cargo de ministra de Inclusión declaró S/160 415.
La UIF indica que las transferencias por 274,848 soles (74,800 dólares) no tendrían “una justificación económica que las respalde” y que la información económica declarada por Boluarte de 2016 a 2022 “no sustentaría las operaciones detalladas” y que los titulares mancomunados de sus cuentas no registran declaraciones juradas de ingresos.
Ante dichos movimientos, la UIF plantea que dichas operaciones bancarias “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”, dice el informe de El Comercio.
