El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, declaró infundada la demanda de acción de amparo interpuesta por la presidente Dina Boluarte Zegarra, que solicitaba anular las investigaciones que se le siguen por las muertes en las protestas.
La masacre de las fuerzas del orden dejó más de 50 fallecidos durante las manifestaciones realizadas de diciembre de 2022 a enero de 2023, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado, por lo cual el Congreso declaró la vacancia del cargo de Presidente de la República.
Los manifestantes exigían cierre del Congreso, nuevas elecciones inmediatas y la renuncia de Boluarte.
El juez que falló sobre el amparo es Jonathan Valencia, quien resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra la Fiscalía y el Congreso.
Boluarte pretendía sustraerse de la acción de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que remitiría su informe para debate en el Pleno del Congreso.
