Permitiría acceder a la función pública a investigados por graves delitos
Lo que continúa haciendo el Congreso desde hace años es burlarse de la ciudadanía al simular establecer filtros para que la corrupción y la delincuencia en general se instalen mediante elecciones en cargos de funcionarios públicos, pues sólo abordan los casos de sentenciados, dejando así la posibilidad abierta para que los investigados por la Fiscalía puedan ser elegidos o nombrados.
Esta constante actitud del Congreso es una mofa total a los peruanos, pues sabemos que para lograr sentencia por delitos el Poder Judicial puede tomar no años, sino hasta décadas, tiempo que es aprovechado por corruptos para enquistase en el aparato estatal y conformar allí redes de corrupción.
Además, toman solamente los delitos dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales y no los culposos, por ejemplo gente que conduce en estado de ebriedad, y cause o no la muerte de personas, personas que causan daños o muertes en accidentes por negligencia en obras, médicos que por ignorancia o lucro causen daños o muertes, etc. Estas personas deberían estar impedidas de participar en elecciones y ocupar cargos públicos.
Además, la norma establece plazos de años de la prohibición, como si fuese cierto que los delincuentes se rehabilitan y se convierten en personas incapaces de delinquir.
La única forma aceptable de frenar tener indeseables en cargos públicos es el impedimento de por vida para personas investigadas por delitos dolosos o culposos, hasta que se obtenga resolución absolutoria.
Así las cosas, el Pleno del Congreso aprobó reenviar a la Comisión de Constitución y Reglamento el nuevo texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley que propone la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, a fin de garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el tablero electrónico, la votación para que el nuevo texto sustitutorio (presentado a las 19.27 horas), quedó de la siguiente manera: 84 votos a favor, 21 en contra y una abstención.
La cuestión previa fue planteada por la congresista Francis Paredes Castro (Podemos Perú), para que la propuesta pueda ser analizada en la Comisión de Constitución.
Previamente, la presidenta de la Comisión Constitución y Reglamento, Martha Moyano (FP), sustentó los detalles del nuevo texto sustitutorio del dictamen y explicó los impedimentos para postular a cargos de elección popular.
En ese sentido, la modificación del artículo 34-A de la Constitución establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.
Añade que, “en el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva, con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, así como por los delitos de rebelión, sedición y motín. El impedimento subsiste diez años después de que estas han sido declaradas rehabilitadas”.
También, dispone que están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, por el mismo periodo, las personas comprendidas en los supuestos establecidos en el artículo 34-A.
Al inicio del debate, la parlamentaria Lady Camones Soriano (APP) indicó que esta iniciativa legislativa busca promover la idoneidad en los cargos públicos, tanto de los que asumen por designación, como los que asumen por elección popular.
“Queremos impulsar una cultura de excelencia y ética en la gestión pública, con el fin de que estas no se deslegitimen, también para evitar que nuestro sistema democrático entre en riesgo”, añadió la parlamentaria.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) indicó que esta iniciativa es una oportunidad para proteger el derecho de todos los peruanos a vivir en un estado de derecho y un ambiente democrático.
La parlamentaria Patricia Juárez Gallegos (FP) dijo que se debe considerar los delitos que atentan contra el orden democrático como lo son la rebelión, sedición, motín, terrorismo, tráfico ilícito de drogas.
El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 672, 682, 1244, 1374, 2726, 2922, 3249, 3260, 3342, 3581, 3848, 3901, 3911, 4121, 4158, 4194, 4240, 4253, 4287 y 4307.
