Fue presentado un proyecto de reforma constitucional para que entre los requisitos para ser ministros de Estado se incluya título, posgrado y reconocida competencia en el sector respectivo, según el documento propuesto por el legislador Alfredo Pariona (No Agrupados).
Curiosamente, los congresistas, quienes aprobarían el proyecto, no tienen obligación de contar con títulos y un analfabeto puede postular para ser parlamentario.
El proyecto 8231/2023-CR, plantea la modificación de los artículos 39, 99 y 124 de la Constitución Política, que establece la jerarquía, requisitos y condiciones de las prerrogativas y beneficios de los titulares de las diversas carteras.
Además, la propuesta señala que la Cámara de Diputados acusará ante el Senado de la República a los ministros por infracción de la Constitución y por todo delito en el ejercicio de sus funciones hasta por un año luego de retirarse del cargo.
También que, para ser ministro, además de tener “título profesional, estudios de posgrado concluidos y reconocida competencia en el sector respectivo”, se tiene que haber cumplido los 35 años de edad.
“Ningún ministro de Estado percibe una remuneración igual ni superior a la que percibe el Presidente de la República, los senadores y los diputados; este criterio se aplica para cualquier ventaja económica, personal o de servicio de seguridad”, puntualiza.
Alfredo Pariona critica en la exposición de motivos, que no haya “exigencias de meritocracia ni experiencia profesional reconocida que genere en la población la confianza de que está eligiendo a un funcionario público con altas cualidades técnicas”.
Agrega que llama la atención la contradicción que prevé el artículo 39 de la Constitución, debido a que coloca en el mismo nivel jerárquico de la función pública a los ministros con senadores y diputados, magistrados del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, jueces supremos, fiscales supremos, además del defensor del Pueblo.
“Para este efecto, se ubica a los citados funcionarios en ‘igual categoría’. Esto configura una irregularidad, pues se equipara a los ministros, elegidos en virtud de ‘la confianza’, con funcionarios públicos que tienen legitimidad democrática o que fueron elegidos por concurso público de méritos”, argumenta.
No sólo analfabetos, sino delincuentes
Como la mayor parte de partidos están envueltos en escándalos de delitos de sus afiliados, los congresistas, además de la no exigencia de estudios para ser legislador, permitirán que postulen al Congreso delincuentes, pues sólo consideran algunos delitos graves como impedimento, los cuales tengan sentencia, cuando debería ser aplicable la prohibición no sólo a quienes tengan sentencia, sino quienes sean investigados por la Fiscalía por toda clase de delitos e incluso quienes hayan cometido faltas.
