La empresaria Sada Goray recuperó su libertad este sábado después que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara el mandato de prisión preventiva por 30 meses por el caso Fondo Mi Vivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Ella se encontraba recluida en el Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos luego de que el viernes culminaran los trámites administrativos que realizó su defensa legal ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que se pueda ejecutar su excarcelación.
El 30 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la libertad de Sada Goray al declarar fundado su recurso de casación con el fin de revocar la resolución que emitió la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional el 20 de octubre del 2023 en la que había confirmado el mandato de prisión preventiva por 30 meses que le impuso el juez Raúl Justiniano el 02 de agosto del 2023 dentro de este caso.
El juez supremo César San Martín, quien preside dicha sala, argumentó el mandato por las causales de inobservancia del precepto constitucional, quebrantamiento del precepto procesal y vulneración de la garantía de la motivación al considerar que Goray cuenta con domicilio en nuestro país donde antes residía y volvió para hacerlo, inicialmente se sometió al procedimiento de colaboración eficaz, viajó antes de la investigación a los Estados Unidos donde si bien también tiene domicilio no se desarraigó de nuestro país y cumplió con declarar y presentarse cuando lo requirió la Fiscalía.
Por tanto, la sala ordenó que Goray afronte en adelante esta investigación preparatoria con comparecencia con restricciones y reglas de conducta e impedimento de salida del país por 36 meses junto al exjefe del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo, y del exsuperintendente de Bienes Estatales, Roger Gaviria, quienes están comprendidos en este proceso penal.
Como se recuerda, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación preparatoria después de que Goray reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que su empresa MarKa Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.
