El paro de transportes de 72 horas se acata hoy de forma contundente, en exigencia de acciones efectivas del gobierno y la derogación de la ley sobre organizaciones criminales y la no promulgación de la ley que tipifica el terrorismo urbano, lo cual deber ser ejecutado por el Congreso.
Transportisas dejan sus vehículos y marchan
Se han sumado a la paralización diversos mercados grandes, principalmente del norte de Lima, así como bodegueros y trabajadores de construcción civil, gremios que son víctimas de los extorsionadores.
La ley de terrorismo urbano está diseñada para aumentar las penas de varios delitos, como extorsión o sicariato, que realmente causan terror, pues llegan al extremo de amenazar con explosivos y explotarlos. Para esta ley hay numerosos proyectos, pero los transportistas temen que se incluya artículos para criminalizar la protesta, sin que hasta el momento el Congreso cumpla con anunciar que eso no sucederá.
Se ven escasas unidades de transporte público circulando mientras la gente se aglomeró en los paraderos temprano en la mañana para dirigirse a sus centros de trabajo en Lima y Callao.
En colegios y universidades se suspendió la asistencia presencial para pasar a clases virtuales, mientras que la Policía y las Fuerzas Armadas pusieron a disposición del público sus buses.
Circula con normalidad los taxis y los transportistas informales, aunque se advirtió improvisación del ministerio del Interior, pues la PNP multó a unas unidades informales, pero después el ministro Juan José Santiváñez declaró que esas multas serían anuladas por las circunstancias de necesidad de transporte.
En Huancayo diversos transportistas se sumaron a la paralización limeña con las mismas demandas de seguridad.
