Cada cierto tiempo, cuando la prensa se llena de noticias sobre delincuencia juvenil salen proyectos para regresar al Servicio Militar Obligatorio, como si fuese la solución al gran problema.
Actualmente son dos los proyectos de ley presentados en el Congreso para restaurar dicho sistema, con el argumento de que servirá de medida preventiva para resguardar la seguridad ciudadana y alejar a los jóvenes del delito.
Estos proyectos fueron tramitados por la Municipalidad de Los Olivos y María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso, hace unos días.
El proyecto municipal indica que el restablecimiento del Servicio Militar Obligatorio se debe dar “como medida de prevención social en favor de la seguridad ciudadana” y plantea modificar la Ley del Servicio Militar (Ley 29248), para que sea obligatorio para jóvenes que encajen con determinadas características.
Uno de los supuestos es encontrarse desempleado en un plazo mayor que 6 y 12 meses consecutivos, no cursar estudios básicos, superiores o de postgrado y estar sentenciados en primera instancia por omisión a la asistencia familiar.
Argumenta que el Servicio Militar permitirá que este sector de la población ingresar a “un entorno de disciplina, formación en valores y entrenamiento que los aleje de las redes delictivas y les brinde un camino alternativo hacia una vida productiva y satisfactoria”.
El proyecto de la congresista María Acuña modifica cinco artículos de la Ley 29248, determinando que el Servicio Militar es obligatorio para varones y mujeres desde los 18 años de edad.
Aduce que, en su ejercicio, se ofrecerá a los participantes “capacitación técnico–productiva y oportunidades de desarrollo personal”. Asimismo, se establece que el Servicio Militar se debe efectuar “en condiciones compatibles con el respeto de los derechos humanos”.
“En ningún caso supone trato humillante, arbitrariedad, violencia física, verbal o psicológica”, precisa y prevé que este servicioreducirá la delincuencia juvenil en el país, teniendo en cuenta que la edad de las personas comprendidas abarca un rango de entre 12 a 35 años.
Soluciones integrales
Estos proyectos más parecen buscar sólo llamar la atención, pues la delincuencia juvenil tiene como principal factor la deficiente calidad de la educación. A ello se suma la pobreza y la falta de empleo formal, así como la estupidización que bombardea diariamente la televisión a los niños y adolescentes, burlando la Constitución, que obliga a dichos medios a colaborar con el Estado en la educación y la cultura. Para remate, la acción policial es también deficiente. Son estos los principales factores que deben ser modificados para luchar contra la delincuencia juvenil.
Ninguno de estos políticos plantea el retorno del curso de Educación Cívica enriquecido con valores, así como los cursos de Historia y Geografía que deberían tener como mínimo el mismo número de horas por seman que tenían antes. Tampoco proponen una reformulación del curso de lenguaje, para que realmente sirva para una mejor comprensión del idioma.
Es tiempo también de que se exija a los canales de televisión cumplir con la Constitución e incluir contenido educativo, así como eliminar sus producciones basura que destruyen los valores inculcados por las familias y las escuelas en los menores. De lo contrario, deberínan licitarse las frecuencias a nuevas empresas que cumplan con dicho requisito, porque las frecuencias televisivas y radiales no pertenecen a ninguna empresa, son del Estado, que tiene que hacerse respetar.
Los proyectos de ley no tienen por qué ser soluciones parciales ni de corto plazo, sino también abarcar el mediano y largo plazo.
