Persiguen a La Primera por informar sobre irregularidades y chilenización en puertos
La Primera es uno de los pocos diarios que abarca en su cruda realidad los escándalos e irregularidades de muchas maniobras de la mafia chilena, como los casos de cielos abiertos de Lan, la venta ilegal de Collique, la exportación del gas, las irregulares concesiones de puertos, entre otras operaciones que afectan los intereses, la soberanía y seguridad nacionales, precisamente por ello se enfrentan hoy a las arremetidas que extrañamente el poder judicial admite, lo cual debería ser investigado por la OCMA.
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| (1) Lévano y Wiener en la mira por defender los intereses nacionales. (2) “Lo que notifico a Ud. para los fines de Ley, en caso inasistencia será declarado reo contumaz y se dispondrá su inmediata captura”, indica la citación judicial |
La Primera es uno de los pocos diarios que abarca en su cruda realidad los escándalos e irregularidades de muchas maniobras de la mafia chilena, como los casos de cielos abiertos de Lan, la venta ilegal de Collique, la exportación del gas, las irregulares concesiones de puertos, entre otras operaciones que afectan los intereses, la soberanía y seguridad nacionales, precisamente por ello se enfrentan hoy a las arremetidas que extrañamente el poder judicial admite, lo cual debería ser investigado por la OCMA.
La Primera informa hoy así:
Amenaza de captura contra periodistas de LA PRIMERA
Por denunciar prórroga ilegal del vicealmirante Boyle en la Autoridad Portuaria y chilenización de puerto de Paita.
Sentenciarán a César Lévano y Raúl Wiener.
Conminatoriamente, la jueza del 37 Juzgado Penal de Lima, Cecilia Arauco, citó ayer al director de nuestro diario, César Lévano, y al jefe de la Unidad de Investigación de este matutino, Raúl Wiener, para la lectura de sentencia de ambos el próximo 15 de junio, en el caso sobre “delito contra el honor”, planteado por el vicealmirante Frank Boyle, ilegal presidente de la Autoridad Portuaria del Perú (APP) y uno de los principales responsables de la antinacional privatización del puerto de Paita.
“Lo que notifico a Ud. para los fines de Ley, en caso inasistencia será declarado reo contumaz y se dispondrá su inmediata captura”, señala cada una de las esquelas llegada a los periodistas, que durante este proceso acudieron a las convocatorias de la juez para prestar sus declaraciones. La intención intimidatoria es indudable y no se corresponde en absoluto con los temas que han sido planteados en el proceso:
El señor Frank Boyle ingresó a presidir la APP en reemplazo de su antecesor que renunció al cargo y debió cesar el 23 de marzo del 2009, de acuerdo a ley, sin posibilidad de prórroga, lo que fue advertido oportunamente por el congresista Negreiros. Sin embargo, continuó en el cargo para poder participar en la concesión del puerto de Paita, y consiguió poco después que el gobierno expidiera una resolución de prórroga en el cargo por 5 años adicionales, que viola el Estatuto de la APP. ¿Qué debía hacer un periodista?, ¿callar ante tamaña irregularidad o denunciarla?, ¿cómo deben juzgarse los deberes de la prensa de informar y opinar sobre asuntos como estos?
La privatización del puerto de Paita ha perjudicado las exportaciones peruanas al encarecer las tarifas de embarque, ha afectado los derechos de los trabajadores portuarios y es claramente rechazada por la población paiteña y piurana. Junto con ello, además, la privatización ha permitido la entrada silenciosa del grupo chileno Von Appen, a través de su socio local (Cosmos), dentro de un proyecto de dominación de la cadena portuaria del Pacífico. Esta situación era conocida por el vicealmirante Boyle y la enmascaró. ¿Cuál debía ser la tarea de la prensa?
El vicealmirante Boyle solicitó publicar una rectificación para que se dieran a conocer sus descargos, cosa que LA PRIMERA realizó, sin renunciar a su punto de vista. Sin embargo, el presidente de la APP recurrió a la Justicia contra el director de este diario, que nunca trató el tema, y el jefe de la Unidad de Investigación que sustentó en documentos sus denuncias y le otorgó la posibilidad de rectificación.
En resumen, LA PRIMERA no afectó en ningún momento el “honor” de Boyle, y se refirió estrictamente a asuntos de interés público, en un momento en que el país estaba conmovido por la insistencia del gobierno en entregar el primer puerto del norte a capitales extranjeros.
No hizo ninguna referencia a la vida personal o asuntos privados del vicealmirante, sino a puntos que tienen que ver con una función de Estado que le fue asignado por razones políticas, que son las mismas razones por las que fue ilegalmente prorrogado.
No se le negó el derecho a la rectificación que franquea la ley para desmentir o aclarar informaciones que podrían contener hechos falaces o calumniosos. Entonces, ¿por qué la amenaza contra la prensa?
Amenaza de captura contra periodistas de LA PRIMERA
Por denunciar prórroga ilegal del vicealmirante Boyle en la Autoridad Portuaria y chilenización de puerto de Paita.
Sentenciarán a César Lévano y Raúl Wiener.
Conminatoriamente, la jueza del 37 Juzgado Penal de Lima, Cecilia Arauco, citó ayer al director de nuestro diario, César Lévano, y al jefe de la Unidad de Investigación de este matutino, Raúl Wiener, para la lectura de sentencia de ambos el próximo 15 de junio, en el caso sobre “delito contra el honor”, planteado por el vicealmirante Frank Boyle, ilegal presidente de la Autoridad Portuaria del Perú (APP) y uno de los principales responsables de la antinacional privatización del puerto de Paita.
“Lo que notifico a Ud. para los fines de Ley, en caso inasistencia será declarado reo contumaz y se dispondrá su inmediata captura”, señala cada una de las esquelas llegada a los periodistas, que durante este proceso acudieron a las convocatorias de la juez para prestar sus declaraciones. La intención intimidatoria es indudable y no se corresponde en absoluto con los temas que han sido planteados en el proceso:
El señor Frank Boyle ingresó a presidir la APP en reemplazo de su antecesor que renunció al cargo y debió cesar el 23 de marzo del 2009, de acuerdo a ley, sin posibilidad de prórroga, lo que fue advertido oportunamente por el congresista Negreiros. Sin embargo, continuó en el cargo para poder participar en la concesión del puerto de Paita, y consiguió poco después que el gobierno expidiera una resolución de prórroga en el cargo por 5 años adicionales, que viola el Estatuto de la APP. ¿Qué debía hacer un periodista?, ¿callar ante tamaña irregularidad o denunciarla?, ¿cómo deben juzgarse los deberes de la prensa de informar y opinar sobre asuntos como estos?
La privatización del puerto de Paita ha perjudicado las exportaciones peruanas al encarecer las tarifas de embarque, ha afectado los derechos de los trabajadores portuarios y es claramente rechazada por la población paiteña y piurana. Junto con ello, además, la privatización ha permitido la entrada silenciosa del grupo chileno Von Appen, a través de su socio local (Cosmos), dentro de un proyecto de dominación de la cadena portuaria del Pacífico. Esta situación era conocida por el vicealmirante Boyle y la enmascaró. ¿Cuál debía ser la tarea de la prensa?
El vicealmirante Boyle solicitó publicar una rectificación para que se dieran a conocer sus descargos, cosa que LA PRIMERA realizó, sin renunciar a su punto de vista. Sin embargo, el presidente de la APP recurrió a la Justicia contra el director de este diario, que nunca trató el tema, y el jefe de la Unidad de Investigación que sustentó en documentos sus denuncias y le otorgó la posibilidad de rectificación.
En resumen, LA PRIMERA no afectó en ningún momento el “honor” de Boyle, y se refirió estrictamente a asuntos de interés público, en un momento en que el país estaba conmovido por la insistencia del gobierno en entregar el primer puerto del norte a capitales extranjeros.
No hizo ninguna referencia a la vida personal o asuntos privados del vicealmirante, sino a puntos que tienen que ver con una función de Estado que le fue asignado por razones políticas, que son las mismas razones por las que fue ilegalmente prorrogado.
No se le negó el derecho a la rectificación que franquea la ley para desmentir o aclarar informaciones que podrían contener hechos falaces o calumniosos. Entonces, ¿por qué la amenaza contra la prensa?
